Los líos judiciales por los falsos autónomos también llegan a Altia
El TSXG ha denegado el recurso de Altia en el cual la compañía pedía medidas cautelares después de que la Tesorería General de la Seguridad Social le obligase a "regularizar" en el régimen general a un total de seis empleados
Tino Fernández, presidente de Altia / EP
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Altia choca con la Tesorería General de la Seguridad Social. La consultora que preside Tino Fernández ha claudicado contra este ente en la batalla judicial que ambos mantienen respecto a la relación laboral de seis trabajadores autónomos obligados a ser dados de alta en el régimen general de cotización.
La sección segunda de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha denegado el recurso presentado por Altia para pedir medidas cautelares ante el reguero de resoluciones de la Tesorería General de la Seguridad Social. Según queda recogido en el auto, la empresa reclamaba la «suspensión de la ejecutividad de los actos administrativos impugnados, toda vez que considera que su adopción no genera ninguna perturbación o perjuicio para la Administración o terceros y sí puede hacer ineficaz o perder su finalidad legítima al recurso y lesionar su derecho a la tutela judicial efectiva».
Frente a esta postura, la defensa de la Tesorería General de la Seguridad Social consideraba » que no existe posibilidad legal de dejar el alta en suspenso puesto que o se está de alta o no. Y se opone a la medida interesada, haciendo referencia a que el principal interesado es el trabajador, derivándose además perjuicios para la Administración. «No hay perjuicios irreparables, no concurre el periculum in mora [peligro en la demora]», recogía el auto sobre la visión de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Sin embargo, la sala presidida por la magistrada María Azucena Recio ha decidido denegar las cautelares que solicitaba Altia «ante la ausencia de acreditación de la irreparabilidad de los perjuicios«. Este factor, unido a «que el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface con el dictado de una resolución motivada, aunque no reconozca la pretensión que interesa la parte demandante, es lo que conduce a la denegación de la medida cautelar», recoge el auto.
Los números de Altia
Este auto, ante el que Altia puede presentar recurso de reposición, deniega, de esta manera, las cautelares que la compañía reclamaba para posponer o incluso evitar el registro de estos seis trabajadores en el régimen general en lugar de hacerlo en el de autónomos.
Según se desprende de la memoria anual que Altia ha presentado ante el BME Growth, la compañía cerró su ejercicio fiscal 2023 con 3.570 empleados en plantilla. Esta cifra representa un salto del 12,1% respecto a los 3.184 con los que contaba al término de 2022. Esta creación de empleo ha ido de la mano de la propia ganancia de tamaño y de actividad por parte de la consultora, que el año pasado registró la entrada en su accionariado de Josefa Ortega (hermana del fundador de Inditex) con una participación del 5,7% que controla a través de Incio Inversiones.
No en vano, la compañía, que supera los 309 millones de euros de capitalización, vio cómo su facturación se disparaba hasta los 241,3 millones de euros. Estos números son un 44,3% superiores a los 167,2 millones de euros registrados el curso previo. El 53,5% de su facturación corresponde al mercado español y el 46,5% restante a su actividad internacional.
En un 2023 de consolidación completa en sus cuentas de Wairbut y Bilbomática -compañías adquiridas en 2022-, Altia dio un empujón también a su beneficio neto. Este se elevó un 50,7%, hasta alcanzar los 15,4 millones de euros.
