Alsa alega en los tribunales que la multa por cártel con Monbus pondría en riesgo su viabilidad

Alsa cerró el pasado ejercicio con un beneficio operativo de 157,4 millones, un crecimiento del 29% respecto al ejercicio anterior. Controlada por la británica Mobico, la antigua National Express, obtuvo unos ingresos de 1.340 millones de euros, un 18,7% más, mientras que el volumen de pasajeros transportados se elevó a cifras récord con 589 millones, un crecimiento del 13%.

A pesar de estos datos, la compañía ha advertido al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que una sanción en el expediente abierto por el posible reparto de mercado con Monbus en Galicia pondría en riesgo la viabilidad de la empresa y las operaciones que está desarrollando. Es uno de los argumentos que esgrimió ante la Sala de lo Contencioso para solicitar la suspensión cautelar de los expedientes que el mismo tribunal ordenó abrir a la Comisión Galega da Competencia.

El TSXG rechaza los argumentos de Alsa y también los de la compañía de Raúl López, que pidió también paralizar el procedimiento mientras los tribunales no resuelven el recurso contra su apertura. Previamente, los dos operadores, que se llevaron la mayor parte de una licitación presupuestada en 237 millones y repartida en 29 lotes, habían presentado recurso por la vía administrativa y habían llevado hasta el Supremo la sentencia que obligó a Competencia a expedientarlas.

En el auto que rechaza la suspensión cautelar del expediente solicitada por las empresas, avanzado por Praza, los magistrados consideran «irreal» a estas alturas hablar de posibles sanciones a las empresas o del daño a su reputación, uno de los aspectos que han reiterado Alsa y Monbus para oponerse al procedimiento. Además, recuerdan que no son más «dignos de protección» los intereses de las empresas en evitar la instrucción que el interés general de dar debida respuesta a la comisión de una posible infracción.

La viabilidad de Alsa

Quizá lo más llamativo del auto son los argumentos que rebate a Alsa, pues el grupo de transporte de Mobico asegura que está en peligro la continuidad de su actividad. «La multa vaciaría la tesorería de la empresa, lo que la dejaría sin liquidez para poder afrontar sus obligaciones«, alegó Alsa según el auto judicial. También estima que la sanción podría ascender a unos 3,8 millones, «lo que pondría en riesgo la viabilidad de la compañía y su actividad comercial ordinaria».

En esta línea, vaticina como probable que se le imponga la prohibición de contratar con la Administración Pública por un tiempo, «lo que supondría un límite relevante para el desempeño de su actividad».

El TSXG se limita a advertir que Alsa va demasiado lejos al hablar de multas futuras y defiende que el procedimiento sancionador debe continuar por el «interés público general», sin entrar en el fondo de la cuestión planteada por el operador.