Alianza de las patronales de la minería, energía y construcción contra la «judicialización masiva» de renovables
La Mesa para el Desarrollo Renovable e Industrial de Galicia considera que las últimas decisiones judiciales suponen una "paralización completa de todo el proyecto renovable” en la comunidad y piden actuaciones que “permitan avanzar” en el desarrollo de estas energías
Varios aerogeneradores en el parque eólico de Vilachá, a 15 de marzo de 2024, en Lugo, Galicia. – Carlos Castro – Europa Press
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Frente común de sindicatos y las patronales de la minería, energía y la construcción contra la paralización judicial de proyectos renovables en la comunidad. La Mesa para el Desarrollo Renovable e Industrial de Galicia ha acordado solicitar de urgencia reuniones con el presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, y con el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, así como con los portavoces de Industria de los grupos parlamentarios, para valorar posibles actuaciones que permitan «avanzar en el desarrollo de las energías renovables».
La Mesa para el Desarrollo Renovable e Industrial de Galicia –integrada por la Asociación Eólica de Galicia, la Asociación Gallega del Hidrógeno, la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia, la Cámara Oficial Mineira de Galicia, el Clúster de Enerxías Renovables de Galicia, CC.OO., la CEG, la Federación Gallega de la Construcción y la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Galicia – asegura que las últimas decisiones judiciales “suponen la paralización completa de todo proyecto renovable en Galicia.
Inseguridad jurídica
Así, critica que actualmente «cualquier proyecto industrial choca con una coyuntura de incerteza, inseguridad jurídica e indefensión» debido a la «judicialización masiva» de proyectos que cuentan con la declaración de impacto ambiental (DIA) y que, «aún así», están siendo recurridas de manera «absolutamente aleatoria» por plataformas que «se niegan a cualquier implantación en Galicia».
Prueba de ello, tal y como argumenta, es que “se están recurriendo todos los planes que han obtenido una declaración de impacto ambiental favorable”. «Es difícilmente defendible que todos los proyectos incumplen la normativa ambiental o sus estudios están mal hechos».
Con todo ello, la Mesa considera “grave” que no se tengan en cuenta «los informes del funcionariado de las distintas administraciones en los procedimientos judiciales», cuando, añade, «sí se toman en consideración informes particulares de las asociaciones carentes de todo rigor».
Tal y como detalla la organización, el el TSXG paralizó hasta el momento unos 20 parques eólicos, y la decisión de elevar una consulta prejudicial al Tribunal Europeo, «a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo que ha avalado la forma en la que se otorgaron proyectos recurridos» y, por lo tanto, añade, «anulando las sucesivas suspensiones cautelares a más de 200MW, pone al sector en jaque durante un mínimo de dos años, con todo lo que eso conlleva, un impacto de gran relevancia».
Según sus cuentas, hay unos 70 proyectos eólicos afectados por «la judicialización». «Hablamos de unos 4.200 millones de euros y más de 4.000 empleos, además de toda la dinamización del entorno en un hábitat especialmente rural».
