Junio, mes clave para definir el futuro de los 1.150 empleados de Alcoa y Celsa en Galicia

Junio se presenta como fecha clave para casi 1.150 empleados de la gran industria gallega. Es la suma de las plantillas del complejo de Alcoa en San Cibrao, con las plantas de aluminio primario y alúmina, y la plantilla de Celsa Atlantic en A Laracha. Por motivos distintos, a partir del próximo mes, ambas compañías arrancarán dos procesos, uno encaminado a buscar un comprador y, otro, un socio industrial, que definirán el futuro de ambas empresas.

Según las últimas cuentas presentadas ante el Registro Mercantil, en diciembre de 2022, Aluminio Español, la sociedad que sostiene la fundición de Alcoa, contaba con 563 trabajadores directos mientras que Alúmina Española, el vehículo societario de la refinería de alúmina, contabilizaba 425 empleos. Los de Pittsburgh exploran ahora un proceso de venta exprés debido a su intención de no continuar financiando las millonarias pérdidas en las que, asegura, incurre su negocio en España.

Ofertas vinculantes para Alcoa

Según su hoja de ruta, este mes de mayo, la multinacional del aluminio, que ha puesto en marcha un proceso de call of interest para contactar con posibles pretendientes del negocio, tendría que recibir ofertas no vinculantes para, en junio, abordar ya la fase de propuestas vinculantes con las que encontrar un nuevo dueño solvente, evitando reproducir el fiasco de Alu Ibérica en las plantas de A Coruña y Avilés, que acabaron en liquidación y albergando hoy en día nuevos proyectos alejados del sector.

Los administradores de Alcoa avisan de que sus tiempos son cortos. En su última memoria trimestral, presentada ante la SEC, el equivalente americano a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el grupo aluminero indicaba que, a finales de marzo de este año, su negocio español contaba “con menos de 100 millones de dólares disponibles para girar” contando además con una reserva de otros 86 millones para llevar a cabo “mejoras de capital y costes de reinicio de la fundición”. Los de Bill Oplinguer aseguran que los fondos que dispone para sufragar las pérdidas del complejo de A Mariña lucense se acabarán en torno a la segunda mitad del año, es decir, a finales de junio. “En ese momento, Alcoa no proporcionará financiación adicional y habrá que considerar decisiones difíciles sobre el futuro del complejo”, exponen. Es decir, su plan a estas alturas parece que pasa por vender o cerrar.

Celsa busca socio

Pero, en junio, también está previsto que Celsa –el gigante siderúrgico presidido por Rafael Villaseca y actualmente en manos de un grupo de fondos extranjeros liderados por Deutsche Bank después de que la justicia diese vía libre a los acreedores para convertir su deuda en el 100% del capital de la empresa– arranque el proceso formal para buscar un socio industrial español.

La sentencia supuso arrebatar el negocio, que cuenta con planta en A Laracha dentro de la filial Celsa Atlantic, a la familia Rubiralta. Moncloa puso una serie de condiciones para aprobar una operación de rescate: además de mantener el empleo y la sede social del negocio siderúrgico en España, los nuevos dueños deben encontrar un socio industrial, que sea español y que se haga con una participación que se estima entre un 20 y 25%.

Los fondos acreedores se hicieron con el control de la siderúrgica a finales de noviembre del año pasado y, en un principio, se indicaba que el Ejecutivo central había dado un plazo de seis meses a la nueva dirección para encontrar un socio del sector, de forma que el plazo expiraría a finales de este mes de mayo.

La compañía aclara sin embargo a Economía Digital Galicia que, exactamente, el Gobierno dio ese plazo de seis meses para preparar el proceso, que “arrancará de forma oficial en junio”, no habiéndose presentado de momento ninguna propuesta en firme. Aseguran desde la compañía que el procedimiento será “abierto y transparente”.

Candidatos y silencios

Las situaciones de ambos grupos son distintos. Mientras Alcoa asegura que acumula pérdidas millonarias, Celsa presentó el pasado abril sus resultados consolidados, obteniendo un beneficio de cerca de 460 millones de euros, ganancias definidas, claro, por la capitalización de la deuda de 1.418 millones de euros de los acreedores. Sin esa operación, indicaron, habría incurrido en unos números rojos de 918 millones de euros, con unos fondos propios negativos de 1.187 millones, situándose en causa de disolución.

Mientras que Celsa anuncia un proceso abierto y transparente, en el caso de Alcoa, tanto empresas como administraciones públicas han pactado que la búsqueda de comprador se lleve a cabo con absoluta discreción para garantizar que salga adelante. Se espera que, de alguna forma, el Gobierno tutele el procedimiento de forma que se asegure un comprador solvente.

En el caso del grupo siderúrgico de origen catalán, no ha habido ningún pronunciamiento oficial por parte de tres grupos que figuran en todas las quinielas como posibles compradores, debido a que son españoles y a que tienen músculo suficiente para entrar en un gigante así. En el sector se señala a la vasca Sidenor, a la extremeña Cristian Lay y a la gallega Megasa, con base de operaciones en Narón y en manos de la familia Freire.

A pesar de la excelente carta de presentación de Megasa (en 2022 disparó su beneficio un 60% hasta los 260 millones de euros) no son pocas las voces del mundo empresarial que apuntan a que, no obstante, una compañía en la que el grupo empresarial tuviese que convivir con fondos no sería del agrado de los Freire, que siempre han navegado solos y con una deuda escasa.