La crisis de San Cibrao deja a Alcoa sin ayudas por CO2 y fondos europeos

El camino que acaba de emprender Alcoa para hacer viable el complejo industrial de San Cibrao mediante el desarrollo del acuerdo con Ignis EQT tendrá que salvar importantes obstáculos. Algunos de ellos los enumeró la propia multinacional norteamericana al anunciar el pacto con la energética, pues aludió a la percepción de mayores ayudas por CO2, a la construcción de los parques eólicos para abastecer las instalaciones de A Mariña o a la modificación del acuerdo de viabilidad sellado con los trabajadores como condiciones necesarias para llevar el plan a buen puerto.

La petición de Alcoa al Gobierno y a los trabajadores para avanzar en estos objetivos, también a la Xunta para ampliar la balsa de lodos rojos (DBR), tiene la ambición de superar el deterioro financiero y operacional de las plantas, que además de provocar que la cúpula de la compañía cuestionase la continuidad de la actividad en A Mariña, también han cortocircuitado el acceso de la productora de aluminio a las ayudas del Ejecutivo. Las filiales de Alcoa que controlan las factorías gallegas están consideradas, bajo los criterios establecidos en 2014 por la Comisión Europea, como «empresas en crisis» debido a su mala situación financiera. Y esa condición veta el acceso a las ayudas que podrían aliviarla.

Excluida de las ayudas por CO2

De hecho, el grupo norteamericano no podrá recibir los 2,1 millones por compensaciones de costes indirectos de CO2 que le había otorgado Industria en la resolución provisional de las ayudas que hizo pública este martes, según han confirmado fuentes de la propia compañía. El Real Decreto 309/2022, que regula este mecanismo de compensación, establece en su artículo 4.3 que «no podrán obtener la condición de beneficiarios» aquellas empresas que «se encuentren en crisis en el sentido de las directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras». Y esa es precisamente la situación en la que se encuentran Aluminio Español y Alúmina Española, las filiales que controlan las fábricas de San Cibrao y a través de las que Alcoa solicita habitualmente estas ayudas.

¿Qué significa una empresa «en crisis»? Bruselas se fundamentó en criterios financieros en su reglamento 651/2014 para definirla. Señaló, por ejemplo, a aquellas compañías que hayan perdido «más de la mitad de su capital social suscrito como consecuencia de las pérdidas acumuladas», o a aquellas que, debido a los números rojos, vean rebajados a la mitad los «fondos propios que figuran en su contabilidad». También apuntó a las empresas que se encuentren inmersas «en un procedimiento de quiebra o insolvencia» o reúnan «los criterios establecidos en su Derecho nacional para ser sometida a un procedimiento de quiebra o insolvencia a petición de sus acreedores», entre otros criterios.

Cabe recordar que Aluminio Español, la sociedad que controla la planta de aluminio de San Cibrao, cerró en situación de quiebra técnica el ejercicio de 2023, en el que presentó números rojos de 112 millones, inferiores a los 140,5 millones que perdió el año anterior. En esos dos mismos ejercicios, Alúmina Española, la refinería de alúmina de A Mariña, se dejó casi 600 millones, pues registró un resultado negativo de 300 millones en 2022 y de 270 millones en 2023.

Bloqueada en los Perte

El principio de acuerdo entre Alcoa e Ignis EQT, que incluye una inyección inicial de 100 millones, tiene como meta imprescindible superar este bloqueo de cara al año que viene, pero la compañía ha reiterado que, para materializarse, debe ir acompasado con otras medidas que permitan al complejo de San Cibrao regresar a cierta normalidad operacional. El aplazamiento de las inversiones comprometidas y el acceso a los fondos reservados para ellas, unos 85 millones de dólares, serían otra dotación de liquidez para las filiales españolas a la que aludió el CEO del grupo, Bill Oplinger, en la conferencia con analistas tras la presentación de resultados de la compañía la pasada semana.

Oplinger apuntó también que buscarían el respaldo del Gobierno para recibir unos 73 millones de euros en compensaciones por CO2, para lo que resulta necesario esquivar la condición de empresa en crisis según los criterios europeos. Estas ayudas por CO2 fueron clave en el pasado de la compañía, pues permitían mitigar el mayor coste energético de producir en España respecto a otros competidores.

Sin embargo, la situación va más allá del CO2 ya que la mala salud financiera del complejo de San Cibrao también bloquea el acceso de Alcoa a los fondos europeos canalizados a través de los Perte. El de descarbonización, que durante un tiempo se vio como una posible tabla de salvación para las factorías, también establece en el artículo 6.3 que no podrán tener la condición de beneficiario de las ayudas «las empresas en crisis, de acuerdo con el artículo 1 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014».

Alcoa manifestó a principios de este año que se había presentado al programa de ayudas con las dos plantas, la de aluminio y la de alúmina, e incluso mantuvo diversas reuniones con Luis Ángel Colunga, el comisionado especial para el Perte de Descarbonización Industrial. Sin embargo, en la situación actual, tampoco podrían llegar fondos por esta vía.

Fuentes de Alcoa explican que la condición de empresa en crisis «excluye a cualquier entidad del grupo empresarial en España de recibir este tipo de subvenciones, así como las vinculadas a los PERTE, por ejemplo». «El principio de acuerdo presentado la pasada semana en busca superar los problemas estructurales para alcanzar la viabilidad en el medio plazo. El trabajo con las partes implicadas será indispensable para poder implementar el plan propuesto y resolver la condición de empresa en crisis de acuerdo con el RD 309/2022 desde el año que viene», exponen.