Acciona pierde la guerra judicial con Greenalia por los 27 millones de la planta de biomasa de Curtis

Las discrepancias que arrastraba Greenalia con la UTE encargada de la construcción de su planta de biomasa de Curtis, conformada por Acciona e Imasa Ingeniería, parecieron quedar resueltas el pasado año, cuando la Cámara de Comercio de Madrid emitió un laudo arbitral mayoritariamente favorable al grupo gallego de renovables frente a la reclamación millonaria de las constructoras.

Sin embargo, la UTE decidió continuar la pugna en los tribunales, sin conseguir mejorar su suerte en absoluto. Acciona e Imasa, que se adjudicaron en alianza los trabajos de la planta de energía renovable en 2018 por unos 110 millones de euros, llevaron el laudo de la Corte de Arbitraje hasta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con la intención de que fuera anulado parcialmente al entender que adolecía de un déficit de motivación, que resolvía cuestiones no sometidas a su decisión y que era contrario al acuerdo arbitral entre las partes en conflicto.

El pronunciamiento del TSJM, emitido el pasado 11 de junio, deja las cosas como estaban, al desestimar los argumentos de la UTE, si bien consta de un voto particular de uno de los magistrados, quien discrepó de la resolución mayoritaria de la Sala de lo Civil y lo Penal. Nada cambia respecto al resultado, pues el laudo arbitral adquiere firmeza al no caber recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

No es un asunto menor para Greenalia, pues las pretensiones de Acciona e Imasa, de ser estimadas en su totalidad, ascendían a unos 27 millones de euros más intereses, según estimaciones contables del grupo que pilota Manuel García Pardo y que afrontó en aquellos años su mayor proyecto de inversión con la planta de biomasa de 49,9 megavatios.

Una batalla en dos escenarios

La desavenencia entre las empresas tiene su origen en mayo de 2021, cuando Greenalia Biomasa Power Curtis-Teixeiro rescindió el contrato que con Acciona e Imasa para la construcción llave en mano y el mantenimiento de la planta de biomasa debido a los retrasos en la entrega. Además, el grupo gallego de renovables procedió a ejecutar avales por valor de 8,2 millones para compensar la pérdida de ingresos provocada por la demora en la entrada en operación del complejo, es decir, el periodo en el que no podía vender energía por no estar operativa la planta.

La UTE no agachó la cabeza y mostró su disconformidad con la taxativa resolución de Greenalia promoviendo un arbitraje, en el que alegaba que no había razón justificada para la rescisión del contrato, toda vez que la planta estaba en condiciones de ser recibida provisionalmente. Además, reclamaba su derecho a una extensión del plazo, a no recibir penalizaciones y, en última instancia, a reclamar daños y perjuicios.

El laudo arbitral no atendió la mayoría de pretensiones de Acciona e Imasa y favoreció a Greenalia, si bien la compañía coruñesa hubo de asumir un cargo adicional de 2 millones, al reconocerle solamente 6,2 de los 8,2 millones de la ejecución de avales. Las constructoras presentaron una demanda de anulación ante el TSJM, pero no modificó la situación al ser desestimados sus argumentos.

Exceso de ejecución de avales

Con todo, la sentencia no generó unanimidad en la Sala. Uno de los magistrados, Jesús María Santos Vijande, emitió un voto particular. Aunque concuerda en la mayor parte del fallo, entiende que el laudo arbitral debió ser parcialmente anulado en relación a los intereses generados por el «exceso de ejecución de avales» en el que incurrió Greenalia, es decir, cantidades que cobró indebidamente.

Señala el magistrado que no ve la menor motivación para justificar que «una cantidad indebidamente ejecutada y percibida desde 2021, que ha de ser devuelta por la vía de la compensación de las respectivas liquidaciones, no haya de generar intereses en beneficio del indebidamente perjudicado por ese exceso en la ejecución de avales pagaderos a primer requerimiento». «No digo que esa razón no exista; digo que el Tribunal Arbitral debió darla y, en lo que se me alcanza, en absoluto lo ha hecho», insiste.

Por este motivo entiende que el laudo debió ser anulado parcialmente al no justificar el motivo por el que 3,5 millones cobrados «indebidamente» por Greenalia no deben generar intereses en favor de Acciona e Imasa.