Abanca lleva al Supremo una inyección de 120 millones de Novagalicia a Ferroatlántica por los impuestos

Ecos de poderes pasados resuenan estos días en el Tribunal Supremo a cuenta de los impuestos de Abanca. La entidad que preside Juan Carlos Escotet ha logrado que la Sala de lo Contencioso admita a trámite su recurso contra la liquidación del IVA de una antigua operación, previa a que el banquero venezolano se hiciera con Novagalicia.

En concreto, los magistrados evaluarán si a la operación de lease-back que acordaron Novagalicia y Ferroatlántica sobre las centrales hidroeléctricas del río Xallas debe aplicársele un 2% de IVA y no el 1% que aplicó inicialmente el banco. De esta discrepancia surgió una acta de la inspección que obligó a Abanca a pagar 1,3 millones adicionales en concepto de IVA y que ahora cuestiona en el Supremo tras perder los recursos previos ante el TEAC y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Villar Mir y el final de las cajas

La operación objeto del litigio tiene toda una historia detrás. En mayo de 2012, año y medio antes de que Escotet se quedara el banco, Novagalicia firmó la compra de las ocho centrales hidroeléctricas de Ferroatlántica, controlada por el grupo de Villar Mir. No quería quedárselas y, en la práctica, tampoco podía, ya que la concesión de los saltos hidroeléctricos está vinculada a la actividad de las fábricas de ferroaleaciones de Cee y Dumbría, constituyendo activos inseparables.

En realidad, lo que firmaba una Novagalicia cada vez más cerca de su final era una operación de lease back, de manera que, simultáneamente a la compra de las centrales, firmó un arrendamiento financiero en favor de Ferroatlántica con opción a compra para que el fabricante pudiera seguir operándolas. Al final del contrato, el grupo ejerció la opción de compra para recuperar las hidroeléctricas. Esta fórmula permite a las empresas obtener liquidez de manera rápida y devolverla en plazos, como una suerte de préstamo obtenido en base a sus activos.

El mecanismo sirvió a Villar Mir para obtener 120 millones (141,6 millones con IVA) de una entidad intervenida y próxima a su venta. Posteriormente, en medio de los problemas de deuda que arrastraba OHL y el conjunto del grupo, Ferroatlántica trató de segregar las centrales de las fábricas para venderlas a Brookfield, pero Augas de Galicia denegó el permiso, ya que no garantizaba la continuidad de las fábricas de A Costa da Morte.

Ante este panorama, la compañía acabaría vendiendo el paquete completo, fábricas y centrales, al fondo TPG por 170 millones en 2019. Ahí comenzó lo que hoy se conoce como Xeal, empresa que el año pasado cambió de nuevo de manos con la adquisición por parte de la checa Energo-Pro.

Decidirá el Supremo

Fue esta operación de lease back la que llevó a Abanca a la batalla legal, más concretamente, el acuerdo de la Agencia Tributaria tras las inspecciones que le obligó a pagar 1,3 millones adicionales por IVA tras la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. En un auto del pasado 5 de junio, el Supremo admite a trámite su recurso contra una sentencia desfavorable previa del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y señala el interés casacional en determinar si «la transmisión de los bienes inmuebles» en este tipo de operaciones «se considera una entrega de bienes a efectos de IVA o, por el contrario, se entiende que existe una única operación financiera que integra todas las operaciones consideradas en su conjunto».

Añade la Sala de lo Contencioso como punto segundo que, «si se concluye que la entrega está sujeta al IVA, pero exenta, con renuncia a la exención», procedía entonces aplicar el tipo de gravamen del 2% o el tipo general del 1% en base a las disposiciones legales de la Xunta en materia de tributos cedidos por el Estado.