La concesionaria del Cunqueiro pone en duda los cálculos de Contas sobre los 470 millones de “sobrecoste”

La UTE concesionaria de los servicios no sanitarios del Hospital Álvaro Cunqueiro, Sociedad Operadora Novo Hospital de Vigo, cuestiona los cálculos realizados por el Consello de Contas en su informe de julio de este año en el que estimaba que la licitación, tal y como la hizo la Xunta, había supuesto un desembolso de 470 millones más que si se hubiesen adjudicado las obras y los servicios por separado. 

El  «sobrecoste», tal y como lo denominan la oposición con el rechazo del PP y del Gobierno gallego, es uno de los asuntos abordados en la comisión de investigación que creó el BNG en el Parlamento autonómico y en la que este martes ha intervenido el gerente de la concesionaria, Enrique Nieto.

Esta sociedad está compuesta por cinco socios. Uno de ellos es Meridian, un fondo francés que gestiona otros tres hospitales en España –situados en Toledo, Ibiza y Madrid– y que en 2020 compró su parte a la inversora Acciona. Nieto también es directivo de Meridian, que cuenta con «experiencia» en el ámbito sanitario: «Sabemos hacer este trabajo».

Durante su intervención, ha explicado que la gestión concesional de hospitales «se utiliza mundialmente» porque «tiene sentido cuando la emisión de deuda privada es más barata que la de deuda pública», algo que ocurrió a raíz de la crisis financiera del 2008.

En el año 2010, se conformó la UTE para presentarse al concurso internacional que sacó la Xunta para «diseñar, financiar y construir el nuevo hospital de Vigo, el más grande de España en aquel momento». Posteriormente, debían gestionar todos los servicios no sanitarios durante 20 años a cambio de un canon anual –el año pasado, fueron unos 83 millones, IVA incluido– con el que la Administración va pagando la infraestructura.

Sobre los 470 millones de más –IVA incluido– que costará el modelo de concesión de obra pública, el gerente de concesionaria considera «difícil de juzgar» los cálculos de Contas porque «no existe ningún archivo donde se desmenuce ese dinero». «No digo que esté mal», ha matizado a continuación.

Nieto ha desvelado que, tras conocerse el informe de Contas, lo «llamaron» sus consejeros para preguntarle «dónde estaba el dinero» porque no «encontraban» esos 470 millones.

Asimismo, la concesionaria considera «a día de hoy» que, al concluir la concesión dentro de una década, recibirá de la Administración 1.389 millones de euros, «18 millones menos» lo contemplado en la adjudicación y «mucho menos que el precio de licitación». Pero, tendiendo a los cálculos de Contas, estima que el precio del contrato será «22 millones más caro» de lo que pagará la Xunta.

Críticas a la Xunta

La diputada del BNG Montse Prado le ha señalado a Nieto que «la mayoría» de los miembros del Consello de Contas «son elegidos por el PP» y son «profesionales que realizan su labor», no sospechosos de ser «comunistas y bolivarianos».

En este contexto, la nacionalista ha calificado de «muy jugoso» el contrato del Álvaro Cunqueiro, una «buena muestra de cómo actúa el PP, que emplea el dinero de los gallegos para aumentar la cuenta de resultados» de las empresas. Así, ha cuestionado que, si es «un negocio poco rentable» y «ruinoso» porque van a ingresar menos de lo previsto, «cómo es posible» que la concesión «salte de multinacional en multinacional».

«Yo nunca dije que fuera ruinoso, sino que no es un negocio en el que se ganen 470 millones de euros», ha respondido posteriormente Enrique Peña.

Por parte del PSdeG, Elena Espinosa ha insistido en ese «sobrecoste de casi 470 millones» señalado por el Consello de Contas, pero no ha entrado en debate con el representante de Operadora Novo Hospital de Vigo porque no es «responsable de la fórmula de contratación» que escogió la Xunta.

Enfrente, el popular Roberto Rodríguez ha reiterado que hablar de «sobrecoste» es «uno de los más grandes bulos de los muchos bulos esparcidos» por la oposición durante los 15 años que lleva el PP en el Gobierno gallego.

Rodríguez ha aprovechado este debate para exigir a Patricia Iglesias, diputada socialista que intervino en comparecencias anteriores en la misma comisión, que «rectifique» en unas denuncias en las que –según el popular– imputaron a funcionarios «un delito de prevaricación administrativa, como mínimo», al asegurar que hubo concursos «amañados» en la adjudicación de contratos sanitarios.

Finalizada la comparecencia del gerente de la concesionaria, la presidenta de la comisión, Elena Candia (PP), ha hecho una «reflexión generalizada» sobre conceptos que los diputados, «unos y otros», están «demasiado habituados a emplear en el debate político» pero que «probablemente no sean del todo elegantes».