Solo un 10% de los solicitantes logra la moratoria hipotecaria

La Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) ha criticado que solo un 10% de las personas que solicitan una moratoria hipotecaria por el coronavirus cumple con todos y cada uno de los supuestos que la norma plantea para poder ser beneficiario.

La medida deja fuera a las familias vulnerables con situaciones anteriores a la emergencia sanitaria y a personas que cumplen algunos, pero no todos los supuestos que ha establecido el Ejecutivo de Pedro Sánchez. De acuerdo con los datos de ASUFIN critican que el gobierno no haya flexibilizado el cumplimiento. Así, el 31 de marzo se aprobaba una reforma que exigía el “cumplimiento conjunto” de los puntos.

El presente estudio expone, tras el análisis de 100 expedientes completos analizados, el escaso porcentaje de afectados por la crisis del Covid-19 que realmente podrán acogerse a la medida. Cerca de un 74,5% cumple con algunas de las exigencias, pero no con todas. Otros, el 3%, tienen con todos los puntos pero quedarían expulsados de la ayuda ya que su situación de vulnerabilidad viene de antes, porcentaje que sube al 12% en el caso de familias que no cumplen todos los requisitos pero ya tenían necesidad de antemano.

Falta de ingresos 

Además, los datos revelan que el 82,65% de los solicitantes cumple con la primera condición: haber perdido el empleo o ver minorados sus ingresos, tanto como profesional como empresario. En otras palabras, ocho de cada diez demandantes de la moratoria son víctimas de un ERTE o sufren unas pérdidas del 40% de ingresos o facturación en su actividad laboral. 

Además, más de la mitad de los solicitantes cumplen con la demanda de que las cargas hipotecarias y los suministros básicos supongan un 35% o más de los ingresos de la unidad familiar.  Algo más del 30% de los solicitantes tienen el requisito de ingresos familiares con respecto al IPREM y un 20% aproximado han visto multiplicado por 1,3 el esfuerzo en asumir la carga hipotecaria.

ASUFIN pide que todas las personas que vean sus ingresos reducidos y su dificultad para hacer frente a la medida incrementada puedan acogerse. En otras palabras todos los demandantes cuya situación laboral haya empeorado y sus gastos básicos representen un 35% o más de sus ingresos.