La soledad de Nadia Calviño

La Comisión Europea se suma a las voces que alertan sobre el plan presupuestario actualizado por el gobierno en funciones, que se remitió a Bruselas el pasado 15 de octubre, en medio de la carrera hacia las elecciones del 10-N. Bruselas señala que el escenario macroeconómico presentado la semana pasada por el ministerio que lidera Nadia Calviño nace con el «riesgo» de que se incumplan los objetivos pactados en déficit, gasto y deuda. La ministra se ha quedado sola defendiéndolos y, por si acaso, ha dejado la puerta abierta a que la crisis que vive Cataluña tras la sentencia del Tribunal Supremo puede enturbiar el panorama económico.

La hoja de ruta económica remitida a Europa por el equipo de Pedro Sánchez ha sido controvertida desde el primer minuto, porque nació bajo un halo de exceso de optimismo. Calviño remitió a Bruselas un objetivo de crecimiento para el PIB del 2,1% para este año, una décima menos que en su previsión de abril, y con una guía que se reduce al 1,8% en 2020. La expectativa del gobierno supera las estimaciones publicadas en las últimas semanas por el Banco de España, Funcas, o el BBVA y que este lunes también corregía a la baja Mapfre, aunque el servicio de estudios de la aseguradora igualaba la previsión para el próximo ejercicio del gobierno.

Con la excepción de la última, el resto de instituciones coincide en que la economía española crecerá este año y en 2020 menos de lo que anticipa el gobierno socialista en el proyecto presupuestario enviado a Bruselas. De él, además, se podrían desprender algunos guiños preelectorales. Por ejemplo, Economía no ha incluido ninguna previsión de ingreso adicional (eliminando todas las propuestas fiscales que se incluyeron en el Proyecto de Presupuestos de 2019), pero sí ha añadido dos elementos muy importantes de aumento de gasto: la subida de las pensiones y del sueldo de los funcionarios. Dos colectivos que suman más de 11 millones de votos.

Calviño-Sánchez se topan con el INE

El 15 de octubre, cuando el ministerio de Economía envió la actualización de su escenario macroeconómico a Bruselas, ponderó que contaba con el aval de la AIReF. La autoridad fiscal independiente validó las proyecciones del gobierno y también ‘regañó’ al INE por los errores de comunicación con los que, en su opinión, habían dado a conocer la revisión estadística.

«La proximidad de la publicación de los datos de esta revisión estadística a la elaboración del Plan Presupuestario que el Gobierno debe enviar a las autoridades comunitarias supone una dificultad añadida a la hora de elaborar las previsiones macroeconómicas de base», apuntaba en su nota de prensa la autoridad independiente.

Desde el INE defienden que los cauces de comunicación del proceso de revisión estadística han sido los habituales y es cierto que se encuentran muchos vestigios de ello.

Así, aunque el desenlace de la revisión contable se publicó el 30 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística llevaba muchos meses trabajando en el proyecto y había realizado varias comunicaciones públicas. En diciembre del año pasado, ya avanzaba que en 2019 se iba a producir una revisión de la contabilidad nacional, cuyo proyecto técnico fue publicado el 22 febrero y dado a conocer públicamente a diversos colectivos en abril.

El 28 de junio, prácticamente un mes antes de que Pedro Sánchez fallara en cerrar un pacto con Unidas-Podemos para formar un nuevo gobierno, el INE hacía pública la fecha final cuando publicaría la revisión histórica de la estadística. «Los resultados de la Contabilidad Nacional Trimestral de España: principales agregados del segundo trimestre de 2019 que se difundirán el próximo 30 de septiembre serán ya los resultantes de dicha revisión, por lo que incorporarán además las series actualizadas conforme a la misma desde el primer trimestre de 1999», apuntaba el INE en su nota de prensa tres meses y medio antes del nuevo plan presupuestario del equipo económico socialista. 

El PSOE deja de lado el debate económico

Pedro Sánchez está esquivando por ahora el debate económico de cara al 10-N y el resto de partidos le están dando bastante manga ancha, tras algún amago de enfrentamiento del Partido Popular​. La crisis institucional en Cataluña, y la exhumación de Francisco Franco están dejando de lado el contexto económico al que se enfrenta España tras las elecciones, con el único punto negro de la presión generada por las previsiones enviadas a Bruselas.

La propia Nadia Calviño se mostraba comprensiva con el rapapolvo de la Comisión Europea, alegando que «era previsible» y ha sacado balones fuera señalando que la hoja de ruta cuestionada por las autoridades europeas se debe a la falta de gobierno firme. Ella misma ha pasado la ‘patata’ caliente al próximo ejecutivo español, para el que Pedro Sánchez, si resulta ganador y consigue formar un gobierno, en principio contaría tanto con ella como con el otro pilar de su estrategia económica, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.

Montero fue justo la que podría haber abierto una grieta para que el debate económico gane peso de cara al 10-N y este martes sacó a colación un tema complicado en época electoral: la subida de impuestos. Tras la ruptura con Unidas-Podemos, el gobierno socialista ha virado hacia el centro y hace apenas dos días aparcaba su proyecto de elevar el IRPF a las rentas más elevadas. Sin embargo, tras el toque de atención de Bruselas, la ministra en funciones no ha podido evitar adelantar que existen otras vías para incrementar la recaudación que obtiene el Estado de los más ricos (por ejemplo, vía impuesto de Patrimonio).

Los impuestos, en la recámara

Por el momento, el PSOE ha optado por ser discreto con sus propuestas en materia impositiva. «Quienes más capacidad económica tienen deben contribuir en mayor medida a la garantía de los derechos sociales. Con más progresividad podremos converger con el esfuerzo realizado en los países de nuestro entorno. Combatiremos el fraude y la elusión fiscal y diseñaremos la política fiscal con sensibilidad a los objetivos medioambientales para que contribuya a la transición ecológica de la economía», recoge en el adelanto al programa electoral para el 10-N. 

En este documento solo se refiere de manera directa a un tasa medioambiental europea. «Propondremos el establecimiento de un impuesto europeo sobre el CO2 en frontera que, además de garantizar recursos específicos para el “Green New Deal”, combata el dumping de terceros países que no aplican las exigencias derivadas del Acuerdo de París», apunta.