Los trabajadores del SEPE amenazan con ir a la huelga por el colapso de sus oficinas
Los empleados de las oficinas piden también que se reduzca la temporalidad de la plantilla
Los trabajadores de las oficinas del SEPE han echado más leña al fuego este viernes. Los sindicatos del colectivo CSIF, CCOO y UGT han avisado al Gobierno que convocarán movilizaciones “si no se negocia un refuerzo de las plantillas ante la crisis del coronavirus”.
De concretarse, las oficinas de Empleo podrían vivir nuevos paros y demoras en la tramitación de subsidios de personas que están en situación de ERTE o que han solicitado otras de las prestaciones, dependientes del SEPE.
En una misiva enviada a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias San Sebastián, este viernes, los empleados públicos han pedido de manera formal que se “cumplan los acuerdos para la mejora del empleo público y las condiciones del trabajo”.
Más trabajadores
Según indican los propios sindicatos el 60% de las plazas aprobadas en el marco de estos acuerdos no se han convocado, a las que hay que sumar las que ni siquiera está negociadas y publicadas los procesos de estabilización.
Los trabajadores dependientes del Estado también claman contra la falta de empleados en la plantilla. “Resulta imprescindible eliminar cualquier limitación en la tasa de reposición para que se puedan ofertar todas las plazas necesarias, recuperar el empleo público perdido, incrementar las plantillas, así como reducir la temporalidad al 8%”, piden los sindicatos al Gobierno.
Economía Digital ya explicó recientemente que la plantilla del SEPE pidió al Ejecutivo de Pedro Sánchez mano de obra cualificada, pues en la gran mayoría de los casos se han desviado funcionarios de otros sectores que no tenían conocimiento en la tramitación de subsidios, lo que ha provocado retrasos en la tramitación de la documentación.
Otras peticiones
En la misma línea, han de agilizarse los procesos para reducir al mínimo el retraso en el tiempo entre la aprobación de las plazas, su convocatoria y finalmente la ejecución completa con la incorporación definitiva del personal.
Por último, CSIF, CC.OO y UGT proponen sancionar el fraude o abuso en la contratación de personal temporal en el sector público. Para ello resulta imprescindible justificar la necesidad de contratación y establecerse mecanismos sancionadores para los gestores públicos y/o las administraciones que incumplan los acuerdos de estabilización.