Linde obstaculiza el impuesto catalán a la banca
El Banco de España no compartirá con la Generalitat los datos esenciales para calcular la nueva tasa
La tasa bancaria que ha implantado la Generalitat a instancias de Esquerra (ERC) tropieza con otra dificultad. El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, no facilitará la información que ayudaría al Ejecutivo de Artur Mas (CiU) a calcular el nuevo impuesto.
El gobierno catalán necesita la colaboración del organismo regulador para comprobar la declaración de las entidades de crédito sobre su volumen de depósitos en la comunidad. Sin esa ayuda será imposible fijar con exactitud la base imponible.
El Banco de España es el único organismo que custodia la relación entre los depósitos y los números de identificación fiscal (NIF) de los clientes y sólo la cede al Ministerio de Hacienda. Dicho de otro modo, la Generalitat deberá confiar en los bancos.
Banqueros unidos
Con esta decisión, el gobernador satisface las peticiones que la patronal sectorial ha trasladado a varios miembros del Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP). En las conversaciones se ha insistido en que el impuesto supone una penalización a la fórmula de ahorro mayoritario y en la ruptura de la unidad de mercado.
Por ello, la Asociación Española de Banca quiere que se tomen medidas prácticas, además de recurrir la tasa ante el Tribunal Constitucional. Tras las instrucciones de Linde, Extremadura, Canarias y Andalucía también tendrán dificultades para fijar las cantidades exactas sobre las que basar la recaudación. Las comunidades autónomas habían requerido esa colaboración.
La Generalitat responde
Sin embargo, los responsables del diseño del nuevo impuesto catalán minimizan el impacto del cerrojazo informativo del Banco de España. El decreto ley establece la base imponible con horquillas amplias para evitar los cálculos concretos. De este modo, los técnicos de la Generalitat utilizarán la información pública de cada banco para aproximarse al volumen de depósitos captado en Catalunya.
Las entidades no segregan por zonas los resultados de su actividad comercial, aunque suele darse por buena la misma relación que rige la aportación catalana al producto interior bruto (PIB) español.
‘La factura‘
En Catalunya se establece un gravamen mínimo de 450.000 euros al año, que abonarán las entidades con menos de 150 millones en depósitos. Esa cuota sube hasta los 2,2 millones anuales si el volumen es de 600 millones o más.
Estas últimas cantidades son las que deberán afrontar los grandes banqueros catalanes, Isidro Fainé y Josep Oliu, aunque podrán rebajar la factura si son capaces de cuadrar las deducciones que fija la Generalitat. Caixabank y el Sabadell han decidido cerrar el grifo del crédito al gobierno catalán.
