El PP y el PSOE diseñarán el aumento de impuestos para 2017
Los expertos señalan que España deberá afrontar un duro ajuste para cumplir con Europa que hará imposible las rebajas fiscales que prometió Rajoy
El PP y el PSOE diseñarán el aumento de impuestos para atajar el déficit en los presupuestos de 2017. Aunque no formen la gran coalición, como ha pretendido Mariano Rajoy desde que ganó las elecciones el 20 de diciembre, y, después, tras el 26 de junio, los socialistas se verán en la tesitura de aprobar medidas para controlar el déficit.
Pase lo que pase en la investidura de Rajoy, los dos partidos, y también Ciudadanos, asumirán que la subida de impuestos será el único camino para cumplir con las exigencias de Bruselas, y el PP deberá colocar en un cajón la rebaja fiscal prometida, que se hubiera añadido a las ejecutadas el pasado año y que son las responsables, según la Comisión Europea, del desaguisado actual.
El coste de la rebaja de Rajoy
También lo sostiene el profesor de Economía de la UB, Gonzalo Bernardos, que entiende que Rajoy tendrá «la excusa perfecta» en los apoyos que pueda tener para «justificar ese necesario aumento de impuestos» con el objeto de cumplir las exigencias de Bruselas.
Los números corroboran los temores de la Comisión Europea. La doble rebaja fiscal de Rajoy, que diseñó el ministro Cristóbal Montoro, aplicada en dos tramos, en enero y en julio de 2015, con claras intenciones electorales, es la causa, según Bruselas, de que el déficit público se desviara en 2015 unos 10.000 millones de euros por encima de lo previsto.
Caen los ingresos fiscales
En 2016, esas rebajas han comportado que los ingresos tributarios hayan caído un 2,5% hasta mayo. Según la Agencia Tributaria, esas rebajas han restado 2.716 millones de euros a la recaudación total en los cinco primeros meses, y en todo 2015 supuso un descenso en la recaudación de casi 8.000 millones de euros. Hubo advertencias, expertos que lo señalaron, la oposición también, pero el PP aseguró que la rebaja fiscal tendría un efecto impulsor, cosa que no ha sucedido.
Ahora, precisamente, se trataría de rehacer lo que formuló el PP, con la amenaza latente de la multa por incumplimiento de los objetivos de déficit por parte de Bruselas.
Gastos políticos
María Blanco, profesora de la Universidad CEU-San Pablo, cree que apostarlo todo por la vía de los ingresos no es la solución. Insiste en que, sea cual sea el próximo gobierno, debería atacar ya «el gasto político». Según Blanco, «la solución en este país no la veo por el camino del aumento del ingreso. Es muy peliagudo, porque hay mucho desempleo, y se puede perder inversión. En cambio, hay recorrido para rebajar el gasto político, pero eso pasa por medidas serias respecto a las administraciones del estado, las empresas públicas, etc. Se asegura que el sector público es eficiente, pero no está tan claro, y sólo hay que mirar lo que ha ocurrido con las pensiones de gente fallecida. Creo que no se toma en serio esa opción, y se debería afrontar», asegura.
El economista y director del IEF, Josep Soler, también va en esa línea. «Se podría abordar algún incremento en el IVA, y actuar con cirujía sobre la administración y las empresas públicas», sostiene, siendo muy prudente sobre un aumento de impuestos.
Sin embargo, el ajuste obliga a ingresar sumas importantes, en un contexto político, «en el que será difícil reducir gasto público», según Bernardos, porque todos los grupos parlamentarios, incluido el PP, son conscientes de la desigualdad social.
El impuesto de Sociedades
El Gobierno en funciones lo que ha acometido, por ahora, es un endurecimiento de los pagos a cuenta del impuesto de sociedades –que exigirá un decreto ley, que sirve a Rajoy como acicate para reclamar ya que le faciliten la investidura–. Con ello quieren garantizarse el ingreso de 6.000 millones, que se añadirán a unos 1.000 millones, producto de una lucha más eficaz contra el fraude fiscal, y a unos 1.500 millones como ahorro en intereses de la deuda pública. Con ello cumpliría el objetivo, a priori, de déficit.
La medida, sobre el impuesto de sociedades se aplicaría, según el ministro en funciones, Luis de Guindos, hasta que el déficit quede por debajo del 3%. Para las empresas es un problema. Deben pagar en octubre y diciembre lo que tenían previsto pagar en julio de 2017, y supone un golpe a la tesorería. Todos los economistas consultados sostienen que no es una buena medida. «Se abre la veda de tocar a las empresas y cambiar las reglas a mitad del partido», afirma Blanco. Según Niño Becerra todo apunta a que «se mantenga en el tiempo, mientras sea necesario ‘aumentar’ los ingresos fiscales, es decir, muchos años».
Por ahora, la medida puede afectar a unas 4.400 empresas, las que tienen una cifra de negocio superior a 20 millones de euros.
Margen respecto a Europa
El caso es que toda la recaudación por impuestos está bajando. En Sociedades, la Airef ha calculado que se retrae en unos 9.000 millones, frente a la recaudación de 25.000 millones que se plasmó en los presupuestos de 2016. Gonzalo Bernardos insiste en que no quedará otra que «subir impuestos, con la idea de que los ingresos por impuestos en España suponen el 38,6% del PIB, cuando en Europa la media es del 46,8%, por lo que queda margen».
Al Gobierno en funciones del PP, y a la espera de la posible investidura de Rajoy, sólo le queda la negociación con Bruselas para obtener dos años de prórroga, para cumplir con el 3% de déficit. Ya logró uno, hasta 2017, y ahora podría conseguir que se retrasara hasta 2018. Eso sería vital para que Rajoy pueda negociar cualquier medida para poder formar gobierno. Una vez investido, será Ciudadanos y el PSOE los que tendrán la sartén por el mango para aprobar medidas, aunque enfocadas al aumento de impuestos, gusten más o menos.
Anestesiados
Hasta ahora, Bruselas había fijado el 3,9% para 2016, y el 2,5% para 2017, dos objetivos que España ya no puede cumplir de ninguna manera. Si se logra la meta para 2018, las cosas se podrían relajar algo más, y en eso está el ministro De Guindos.
Lo que ha ocurrido lo apunta Niño Becerra. «España está viviendo en un sueño producido por el anestesiamiento en el que gran parte de su población ha caído voluntariamente y a las falsas expectativas que los políticos del Gobierno han creado y que la oposición no se ha preocupado o no ha querido desmontar, una situación generada por el deseo de salir de una crisis que dura ya nueve años y que ha expandido el año y medio que España lleva de campaña electoral», señala, con la conclusión de que «el próximo gobierno, sea el que sea, va a tener que aceptar la monitorización de su economía en tiempo real, es decir, que para todo va a tener que pedir permiso».
