El Estado teme una ola de juicios por despidos de interinos

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declara ilegal ofrecer una indemnización inferior a los empleados con un contrato temporal que a los fijos, hace sonar las alarmas de la administración estatal. La razón de la preocupación es que uno de cada dos interinos españoles trabaja para las administraciones públicas.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha condenado esta semana al Ministerio de Defensa a indemnizar por despido a una extrabajadora interina como si hubiera sido fija, a pesar de que la legislación española no prevé compensación para el fin de estos contratos y contempla una menor para el resto de trabajadores temporales; lo que ha confirmado la sentencia del tribunal comunitario.

En España hay 486.800 asalariados con contrato de interinidad, de los cuales el 56% (276.800) trabajan para al Estado, frente a los 210.000 empleados por el sector privado. En total, el Estado tiene bajo nómina a casi tres millones de personas, de los cuales el 22,3% son contratos temporales, incluyendo a los interinos.

Los temporales pueden levantar un aluvión de juicios

El catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Jaén, Cristóbal Molina, ha asegurado a Efe que estas sentencias abren la puerta también a posibles demandas de los eventuales y a los contratados por obra y servicio, que son la mayoría de los temporales.

En total, son 2,4 millones de trabajadores eventuales y contratados por obra y servicio, que tienen «bastantes expectativas» de lograr indemnizaciones por despido equiparables a la de los trabajadores fijos (20 días frente a los 12 días que tienen por finalización de contrato).

A su juicio, el impacto de estas sentencias sobre el mercado de trabajo va a ser enorme, por la conflictividad laboral que va a generar y por la inseguridad jurídica que creará a los empresarios a la hora de contratar.