Zapatero, Baltasar Garzón, Irene Montero y Adriana Lastra: los españoles de Grupo de Puebla que blanquean a Maduro

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el exjuez Baltasar Garzón, la líder de Podemos Irene Montero, y la exvicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, son los españoles que forman parte de Grupo de Puebla, el lobby iberoamericano constituido hace cinco años que dice promover la articulación de las ideologías progresistas en la región, pero que con sus declaraciones y actuaciones no está haciendo otra cosa que blanquear la dictadura en Venezuela de Nicolás Maduro.

Representantes de la organización, que reúne a 64 líderes de 18 países de Iberoamérica -entre ellos Lula da Silva, Pepe Mújica, Alberto Fernández, Evo Morales, Rafael Correa o Ernesto Samper-, estarán presentes hoy domingo en Caracas para comprobar que las elecciones que se celebran en el país se desarrollan con garantías.

El expresidente Zapatero estará presente hoy en la capital venezolana. No así una delegación de diputados del PP que pretendían participar como observadores en las elecciones y que el viernes fueron retenidos en el aeropuerto de Caracas y expulsados del país.

Entre los fundadores de Grupo de Puebla se encuentra Jorge Antonio Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, vicepresidente en uno de los Gobiernos de Hugo Chávez, hermano de Delcy Rodríguez.

Los hermanos más poderosos del régimen chavista son hijos de Jorge Antonio Rodríguez, quien bajo la bandera de la revolución cometió actos terroristas en los años setenta y murió torturado en un interrogatorio.

Aunque Grupo Puebla asegura que su objetivo es velar por la celebración de unas elecciones con garantías, la realidad es que ha evitado la confrontación con el chavismo y no ha denunciado los crímenes cometidos por los últimos gobiernos del país.

El número de venezolanos que viven en España ha pasado de 60.000 a más de 250.000 en los últimos diez años

En diciembre de 2020, Grupo de Puebla publicó un comunicado que decía saludar «la realización de elecciones legislativas en Venezuela y constata que los comicios se desarrollaron dentro de la normalidad, de forma pacífica y sin incidentes«.

Lo que no dijo entonces Grupo de Puebla es que esas elecciones, en las que el chavismo recuperó la Asamblea Nacional de Venezuela, estuvieron marcadas por una masiva abstención. La participación fue solo del 31%, los principales partidos de la oposición llamaron al boicot ante un proceso que no ofrecía garantías.

Si millones de venezolanos se quedaron hace cuatro años en casa, es normal que no hubiera incidentes en aquellas elecciones, algo que no obstante celebró Grupo de Puebla.

«Lamentablemente, algunos gobiernos de América del Sur, obedeciendo a los dictados de la extrema derecha norteamericana, optaron por apostar en la violencia a través de embargos, bloqueos comerciales e incluso apoyaron anuncios intimidantes de intervenciones militares», comunicó Grupo de Puebla con motivo de las elecciones de 2020.

Pero no hay que ir a organizaciones de extrema derecha para constatar las violaciones de derechos humanos que se suceden en Venezuela desde hace años.

«Las fuerzas de seguridad respondieron con fuerza ilegítima y otras medidas represivas a las protestas que reivindicaban derechos económicos y sociales», denuncia Amnistía Internacional. «Quienes criticaban al gobierno del presidente Nicolás Maduro eran objeto de detención arbitraria, desaparición forzada y tortura con la aquiescencia del sistema judicial», lamenta la organización internacional.

En 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció una Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014.

En 2022, en una resolución, el organismo de Naciones Unidas condenó «enérgicamente» los actos generalizados «de represión y persecución selectivas por motivos políticos, como el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas cometidas por las fuerzas de seguridad e inteligencia (….)».

En la actualidad, la situación de los derechos civiles en Venezuela no ha mejorado. La Misión de la ONU en el país denuncia que ha empeorado.

«(…) nos encontramos ante una fase de reactivación de la modalidad más violenta de represión por parte de las autoridades«, advierte la Misión internacional de Naciones Unidas en un informe publicado el pasado mes de marzo.

«La Misión observa una repetición de los mismos patrones de violación de derechos humanos contra personas opositoras o percibidas como tales, que incluye a personas defensoras de los derechos humanos que se atreven a criticar, denunciar o a protestar por decisiones o políticas del Gobierno», lamenta.

Supermercados militarizados en Venezuela.

El organismo internacional sospecha que las elecciones de hoy domingo realmente no son libres.

La inhabilitación de políticos opositores «ponen en evidencia las graves dificultades que existen para garantizar que las próximas elecciones presidenciales se desarrollen de conformidad con el derecho a participar en los asuntos públicos previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos», señala la ONU.

El 15 de enero, en su mensaje anual a la nación, Nicolás Maduro aseguró que en 2023 se habían desactivado cuatro conspiraciones para organizar golpes de Estado o para asesinarlo a él y a otras autoridades. En respuesta, pidió que se activara «la Furia Bolivariana».

Recientemente Maduro ha manifestado que, si la derecha extrema se hiciera con el poder en Venezuela, habría «un baño de sangre». Para aquel que se haya asustado con tales declaraciones, el Presidente venezolano ha recomendado tomar «una manzanilla».

«Mi experiencia como secretario general de UNASUR es que el presidente Maduro y muchos de los dirigentes de la oposición son receptivos a este mensaje de paz y progreso para Venezuela. Espero que los resultados del próximo domingo así lo confirmen», ha publicado esta semana, en el diario El País, el expresidente de Colombia Ernesto Samper, miembro de Grupo de Puebla.

Si los informes de la ONU, de Amnistía Internacional sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela; si las incendiarias declaraciones de Maduro alentando a la furia no son suficientes para que Zapatero, Baltasar Garzón, Irene Montero y Adriana Lastra dejen de hacer el ridículo siendo condescendientes con el régimen chavista, deberían hablar con algunos de los más de siete millones de venezolanos que han tenido que salir de su país en los últimos tiempos.

Resulta tan extravagante la presencia de Zapatero y compañía en Grupo de Puebla que es lógico sospechar que ahí, lo que hay, es un business. Hace diez años vivían en España 60.000 venezolanos. Hoy son más de 250.000. También pueden preguntarles a ellos.