El Juez ultima la sentencia sobre el caso Unipost, otro clavo en el ataúd de Correos
Los abogados de Unipost reclaman más de 300 millones de euros de indemnización a Correos, que acumula pérdidas millonarias.
Oficina de Correos.E FE / Carlos Barba
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El Juzgado mercantil número 7 de Barcelona tiene ya toda la documentación referida a incidentes presentados en los últimos meses sobre el concurso de acreedores de Unipost y la reclamación millonaria contra Correos. Se espera que el Juez dicte ahora una resolución de próxima sentencia, un clavo más en el ataúd del operador público postal.
De acuerdo a fuentes que participan en el proceso, los representantes legales de Unipost y de Correos han enviado ya toda la documentación que faltaba para cerrar el caso, y que puede suponer el pago de una indemnización de 300 millones de euros por parte de la compañía pública a la antigua empresa de una rama de la familia Raventós.
Hace cuatro años la administración concursal de Unipost -el antiguo operador postal privado está en concurso desde 2017- presentó en los tribunales una reclamación de 300 millones de euros contra Correos, por los daños presuntamente ocasionados a la empresa por incumplimiento de normas básicas de competencia.
La administración concursal presentó la demanda contra Correos financiada por dos fondos especializados en litigios y arbitrajes.
La reclamación destaca el expediente que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia abrió en 2019 a Correos por abuso de posición dominante, al ofrecer descuentos a grandes clientes con precios por debajo de coste.
La demanda también alude al dictamen de 2018 de la Comisión Europea en el que concluía que España había incumplido la regulación sobre ayudas públicas por la concesión de subvenciones millonarias a Correos.
Los abogados de Unipost sostienen que Correos abusó de su posición dominante y aplicó precios predatorios a grandes clientes, lo que terminó por expulsar a la empresa privada del mercado y provocar su quiebra.
Pérdidas millonarias en Correos
La sentencia del caso Unipost llega en un momento particularmente delicado para Correos, que acumula pérdidas millonarias.
En 2022, último ejercicio cuyas cuentas han sido publicados por el operador postal, la compañía controlada por la Sepi perdió 217 millones de euros (106 millones perdidos en 2021).
«Las cuentas anuales consolidadas han sido formuladas asumiendo el principio de empresa en funcionamiento», indica el grupo en sus cuentas de 2022, consultadas por este diario. «Si bien», añade, «existen ciertos factores del negocio que podrían considerarse como causantes de duda«, así como otros que mitigarían esas mismas incertidumbres.
Correos admite en su Memoria del ejercicio 2022, sobre el juicio pendiente con Unipost, que el riesgo «se estima como posible». Sin embargo el grupo presidido por Pedro Saura -quien sustituyó en el puesto el pasado mes de diciembre a Juan Manuel Serrano, amigo cercano del presidente Pedro Sánchez-, decidió no provisionar cantidad alguna vinculada al procedimiento.
El grupo se aferra, en todo caso, al Real Decreto-ley de 2022 que establece la exclusión de las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 en la determinación de los fondos propios para el cálculo de la causa de disolución. Grant Thornton, auditor de las cuentas de Correos, no advierte salvedad alguna.
De acuerdo a la Memoria Consolidada del ejercicio 2022 de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, la compañía terminó ese ejercicio con deudas a largo plazo con bancos por importe de 560 millones de euros, 228 millones más que en 2021.
La compañía pública tiene otros frentes abiertos, además de la sentencia del caso Unipost.
Correos recibe una compensación por el coste adicional que le supone cumplir con sus obligaciones de servicio público, conocida como ‘carga financiera injusta‘, pero ahora la CNMC está revisando las cantidades percibidas en años anteriores.
La CNMC tiene competencias para verificar el coste neto y determinar la carga financiera injusta desde la entrada en vigor de la Ley Postal en 2011. Sin embargo, el organismo no ha podido ejercer esas competencias durante más de diez años, por faltar una metodología de cálculo del coste neto, que aprobó finalmente el Consejo de Ministros en junio de 2021.
Recientemente la CNMC ha estimado que en el ejercicio 2013 Correos cuantificó la carga financiera injusta en 157,8 millones de euros, frente a los 141,8 millones calculados por el regulador de la competencia. La resolución de la CNMC se suma a otras similares publicadas en los últimos meses que corrigen los cálculos de la empresa pública.
