Un desliz de Colombia da ventaja a Naturgy ante el Banco Mundial
Naturgy se agarra a un cambio de legislación en Colombia porque da la razón a sus reivindicaciones en Electricaribe
El duelo que libran Naturgy y el gobierno de Colombia desde 2017 tiene visos de llegar a su fin durante este año —es difícil concretar más—, después de que en diciembre del año pasado ambas partes se vieron las caras por última vez ante el Ciadi para reafirmarse en sus argumentos. La empresa reclama cerca de 1.500 millones de euros al país por la intervención de Electricaribe, mientras que el ejecutivo de Iván Duque contraatacó con una demanda por casi 500 millones. Pero un desliz reciente de Colombia da ventaja a la empresa española.
El gobierno de Duque ha cometido un traspiés: la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) de Colombia aprobó a principios de febrero una norma para reducir la morosidad. Según las fuentes del sector consultadas, este cambio regulatorio le puede suponer la derrota ante el Ciadi, el organismo de arbitraje del Banco Mundial, pues asume algunos de los argumentos que usaba Naturgy en su día para reclamar ayuda estatal en la gestión de Electricaribe. La empresa que preside Francisco Reynés evita pronunciarse al respecto.
Uno de los problemas para empresas prestadoras de servicios como la luz es que no pueden cortar el suministro a los edificios públicos aunque no paguen. De esto se quejaba, entre otras cosas, Naturgy cuando todavía tenía el control de la eléctrica colombiana, antes de que el gobierno se la arrebatara, dando lugar al actual conflicto. Este hecho provoca que los clientes del sector público presenten unos índices de morosidad altos.
Por lo que respecta a particulares y familias, la mora es incluso más alta. Electricaribe presta servicios en algunas de las zonas más desfavorecidas del país, lo que se traduce en mayores impagos. Entre la morosidad y el fraude —clientes enganchados a la luz ilegalmente—, la empresa española, por aquel entonces Gas Natural Fenosa, calculó unas pérdidas acumuladas de 1.250 millones de euros.
Colombia trata de vender Electricaribe
Después de más de tres años con el control de Electricaribe, el Gobierno de Colombia se ha dado por vencido y ha decidido atajar este problema. Lo ha hecho a través de una norma de la CREG más estricta con respecto a la lucha contra la morosidad. El objetivo final de dicho cambio es lograr vender la eléctrica, algo que lleva más de un año atragantándosele.
El Gobierno colombiano intentó la venta en 2018, pero solo un grupo mostró cierto interés, y finalmente la operación no fraguó. Tras sanear Electricaribe, prometer inversiones y tratar de atajar ya el fraude —el mismo del que se quejaba Naturgy—, reinició la búsqueda de compradores. Para facilitarlo, dividió el negocio en dos, pero solo encontró interés en una de las partes.
Las fuentes consultadas explican que esta norma es consecuencia precisamente de ello: de que siguen sin encontrar compradores para toda la compañía. No es la única medida. De hecho, la propia CREG acompaña los cambios regulatorios para facilitar el cobro, que son transitorios, con un plan de inversiones hasta 2025.
Los argumentos de Naturgy y Colombia
El Ciadi estudia los argumentos de ambas partes para emitir un laudo antes de fin de año. Algunas voces hablan del primer semestre, las más optimistas. Naturgy reclama por la nacionalización de Electricaribe y argumenta que los impagos y el fraude hacían inviable las inversiones pero que nunca estuvo en duda el servicio, y culpa al Gobierno de no querer ayudarle a resolver dichos problemas con más controles sobre el fraude y mayor castigo ante la morosidad.
Colombia contrademandó al considerar que la única responsable era la empresa participada por La Caixa y los fondos GIP y CVC y que peligraba el servicio eléctrico en la zona Caribe por la falta de inversiones.
