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UGT celebra un congreso por todo lo alto camino de la quiebra tras la sanción de 40 millones
UGT ha sido declarado responsable civil subsidiario por importe de 40,6 millones, por el escándalo de las facturas falsas en Andalucía.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en la clausura del Congreso Confederal de UGT. Foto: Lorena Sopêna / Europa Press
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UGT ha celebrado esta semana por todo lo alto su 44 Congreso Confederal, en Barcelona, bajo el lema ‘Más y mejor sindicato’, ajeno a la condena comunicada el miércoles por importe de 40,6 millones de euros, por el caso de las facturas falsas de UGT Andalucía, y que deja a la organización camino de la quiebra.
Coincidiendo prácticamente con la reelección ayer en Barcelona de Pepe Álvarez como secretario general (su tercer y último mandato), se comunicó la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla por el escándalo de las facturas falsas, que declara a UGT Andalucía responsable civil subsidiaria por importe de 40,6 millones.
Expertos en derecho mercantil consultados por este diario consideran que una empresa u organización que hubiera recibido una condena como la que ayer comunicó la Audiencia Provincial de Sevilla, estaría ahora mismo preparando la documentación para presentar al menos preconcurso de acreedores.
El sindicato ideó un mecanismo denominado ‘bote’ para confeccionar facturas falsas, explica la sentencia
Pero tratándose de un sindicato como UGT, comentaron, el impacto de una sentencia así en sus cuentas es incierto.
«Teniendo en cuenta que se trata de malversación, de dinero público, lo normal sería que el fiscal o las acusaciones exigieran al sindicato una fianza para hacer frente a la sentencia, o que UGT tuviera que hacer una provisión millonaria por el mismo caso», comentaron las fuentes consultadas.
Desde UGT se señaló ayer a este periódico que ahora todas las alternativas están abiertas, aunque indicaron que no valorarían el contenido de la sentencia de Sevilla, limitándose únicamente a avanzar que esta será recurrida en casación.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla comunicó ayer sentencia en la que se condena a tres años de cárcel y multa de 50 millones al exsecretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, fraude de subvenciones de fondos recibidos de la Junta de Andalucía por importe de 40,6 millones.
Esas subvenciones tendrían que haber financiado cursos de formación para desempleados, pero, indica la sentencia, esos fondos se utilizaron para «fines distintos».
Congreso de UGT, en Barcelona. UGT
En el periodo comprendido entre los años 2009 a 2013, explica la sentencia, «se puso en marcha una serie de procedimientos (…) a fin de obtener una vía de financiación para sufragar gastos de estructura propios del sindicato a costa de los fondos públicos concedidos (…)».
Los acusados idearon un mecanismo que vino a denominarse ‘bote’, consistente en la confección «de facturas de proveedores y otros documentos contables conteniendo conceptos genéricos, bien por bienes no vendidos o servicios no realizados (…)», explica la sentencia.
Dicho mecanismo «permitía al sindicato financiarse con cargo a un saldo acreedor, saldo que se generaba con el pago a proveedores de facturas que no correspondían a servicio prestado alguno, pero que se imputaban a programas subvencionados y que luego se compensaban con entregas que no tenían relación con los cursos de formación».
Ante el riesgo «de desaparición de pruebas» se acordó la entrada y registro de las sedes de UGT en Andalucía el 19 de diciembre de 2013.
Las cuentas de UGT
Tan incierto es el impacto de la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla sobre UGT como lo son sus cuentas anuales.
El portal de transparencia del sindicato recoge como últimas cuentas anuales las de 2021, en un informe no auditado, de tan solo ocho páginas.
Según ese informe, UGT tenía deudas a corto plazo por importe de 13,9 millones, y a largo plazo de 1,9 millones, la mayoría con entidades financieras; la cifra de acreedores y otras cuentas a pagar ascendía a 2,5 millones.
No obstante, el sindicato cuenta con un patrimonio valorado en 64 millones, constituido por el valor cobrado por la devolución del Patrimonio Histórico incautado en su día por la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, a lo que se añaden los resultados acumulados de todos los periodos de gestión iniciados en 1978.
Los ingresos en 2021 de UGT ascendieron a 24,7 millones y los gastos, según la misma documentación, a 24,6 millones.
El portal de transparencia de UGT también ofrece un balance de situación a 31 de diciembre de 2023, dos páginas, según el cual la organización terminó el pasado año con un activo y un pasivo valorado en 79,3 millones. Y un presupuesto previsto para 2024 que contempla ingresos de 21,9 millones y gastos de 16,2 millones.
UGT, Congreso por todo lo alto
Como si se tratara de una multinacional o de una potente asociación empresarial, UGT ha ocupado durante tres días el Centro de Convenciones Internacional de la ciudad, 100.000 metros cuadrados de superficie total, 46 salas, con la participación de 800 delegados y delegadas, entre uno y dos centenares de representantes internacionales y 1.500 asistentes, cifra que el último día pudo alcanzar los 3.000, según la organización.
El congreso comenzó el lunes y por el mismo han pasado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; o la vicepresidenta Yolanda Díaz.
El 44 Congreso Confederal de UGT ha aprobado por un 98,97% la gestión realizada por la Comisión Ejecutiva Confederal durante el último mandato, que supone 770 votos a favor y 8 abstenciones.
Este diario trató ayer insistentemente de conocer el coste de la organización del congreso, o si este ha sido subvencionado, consultando con varios portavoces del sindicato. No se obtuvo respuesta.
