Trump impulsa la pena de muerte ante jueces y políticos que anteponen «sus creencias a la ley»
Donald Trump insta a impulsar la pena de muerte en EE UU y carga contra los jueces que afirman que es una medida inconstitucional.
Donald Trump impulsará la pena capital en el país ante los jueces y políticos que, dice, anteponen «sus creencias a la ley».
En una batería de medidas anunciadas por la Casa Blanca nada más tomar posesión del cargo el nuevo presidente de Estados Unidos, se incluye la de la ‘Restauración de la pena de muerte y protección de la seguridad pública«.
En virtud «de la autoridad que me confieren la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América como Presidente, por la presente se ordena (…)», dice el texto publicado en la web de la Casa Blanca.
«La pena capital es una herramienta esencial para disuadir y castigar a quienes cometen los crímenes más atroces y los actos de violencia letal contra los ciudadanos estadounidenses», expone Trump.
«Antes, durante y después de la fundación de los Estados Unidos, nuestras ciudades, estados y nuestro país han recurrido continuamente a la pena capital como el elemento disuasorio definitivo y el único castigo adecuado para los crímenes más viles«. Y afirma que, «por esta y otras razones», la pena capital «sigue gozando de un amplio apoyo popular«.
«Sin embargo», continua el nuevo presidente de Estados Unidos, «durante demasiado tiempo, los políticos y jueces que se oponen a la pena capital han desafiado y subvertido las leyes de nuestro país«.
Trump asegura que tratan de frustrar la ejecución de las sentencias capitales «impuestas legalmente y optan por hacer cumplir sus creencias personales en lugar de la ley«.
Y sostiene que cuando el presidente Biden asumió el cargo en 2021, «permitió que su Departamento de Justicia emitiera una moratoria a las ejecuciones federales, desafiando su deber de ejecutar fielmente las leyes de los Estados Unidos que prevén la pena capital«.
También destaca que el 23 de diciembre de 2024, Biden conmutó las sentencias «de 37 de los 40 violadores, abusadores de menores y asesinos más viles y sádicos que se encuentran en el corredor de la muerte federal: criminales sin remordimientos que brutalizaron a niños pequeños, estrangularon y ahogaron a sus víctimas y cazaron a desconocidos por deporte».
«Los jueces que se oponen a la pena capital también han hecho caso omiso de la ley al afirmar falsamente que la pena capital es inconstitucional, a pesar de que la Constitución reconoce explícitamente la legalidad de la pena capital», asegura.
«Estos esfuerzos por subvertir y socavar la pena capital desafían las leyes de nuestra nación, se burlan de la justicia e insultan a las víctimas de estos horribles crímenes«, insiste.
Trump, inyección letal
Por ello, bajo la presidencia de Trump, «además de buscar la pena de muerte cuando sea posible«, el Procurador General buscará, cuando sea consistente con la ley aplicable, «la jurisdicción federal y buscará la pena de muerte independientemente de otros factores para cada delito capital federal» que involucre determinados delitos.
Esos delitos serían el asesinato de un agente de la ley; un delito capital cometido por un extranjero que se encuentra ilegalmente en este país.
Además insta a reconsiderar la situación de las personas a las que Biden conmutó la pena capital.
«El Procurador General evaluará los lugares de encarcelamiento y las condiciones de confinamiento de cada uno de los 37 asesinos cuyas sentencias de muerte federales fueron conmutadas por el Presidente Biden, y el Procurador General tomará todas las medidas legales y apropiadas para asegurar que estos delincuentes sean encarcelados en condiciones consistentes con la monstruosidad de sus crímenes y las amenazas que plantean», señala.
El nuevo Presidente ahonda en la «preservación de la pena capital en los estados», para lo cual el Procurador General «tomará todas las medidas necesarias y legales para garantizar que cada estado que permita la pena capital tenga un suministro suficiente de los medicamentos necesarios para llevar a cabo la inyección letal«.
También se tomarán «todas las medidas apropiadas para solicitar la anulación de precedentes de la Corte Suprema que limitan la autoridad de los gobiernos estatales y federales para imponer la pena capital».