El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tumba la ‘tasa Amazon’, auspiciada por Collboni

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha tumbado la conocida como ‘tasa Amazon‘, el impuesto aprobado el pasado año por el Ayuntamiento de Barcelona para grabar el reparto del comercio digital, del que el alcalde Jaume Collboni ha hecho bandera.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Primera) ha estimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por la organización empresarial de logística y transporte Uno contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Barcelona de 24 de febrero de 2023.

En consecuencia, el tribunal declara «nula de pleno derecho» la ordenanza fiscal por la que se estableció la «tasa por aprovechamiento especial del dominio público derivado de la distribución a destinos finales indicados por los consumidores de bienes adquiridos por comercio electrónico», de acuerdo a fuentes consultadas por Economía Digital.

El Ayuntamiento de Barcelona pretendía grabar la actividad de las grandes compañías de comercio electrónico por el uso del espacio público durante el reparto de mercancías a domicilio, con la intención de recaudar 2,6 millones de euros al año.

La tasa, que comenzó a gestarse a principios de 2022, afectaría a los operadores postales con una facturación superior al millón de euros por entregas realizadas en Barcelona, más de 25 empresas, además de Amazon, otras como DHL o Seur.

La sentencia del TSJ de Cataluña, contra la que cabe recurso de casación, recuerda que la Audiencia Nacional dictó sentencia en julio del pasado año concluyendo que la actividad de Amazon «no es de carácter postal, al tratarse de actividades logísticas y preparatorias al envío postal (…)». Y que el pasado mes de marzo, el Tribunal Supremo admitió a trámite recurso de casación interpuesto frente a esa misma sentencia.

La sentencia del TSJ de Cataluña cuenta con el voto particular en contra de una magistrada de la Sala

La medida aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona, advierte la sentencia, constituye «un auténtico ‘impuesto’ que grava los rendimientos obtenidos por actividades de empresarios privados de manera virtualmente idéntica a los impuestos que gravan la adquisición de renta por actividades, expresiva de capacidad económica».

Si la Ordenanza tuviera como justificación finalista evitar la carga y descarga en la vía pública para envíos puntuales, indica la reciente sentencia del TSJ de Cataluña, «tal protección debe abarcar a todo vehículo susceptible de utilizar de igual forma el domino público, pero no exclusivamente a los operadores postales que distribuyen bienes adquiridos a través del comercio electrónico«.

El tribunal admite que el principio de capacidad económica, al que alude el Ayuntamiento de Barcelona para justificar la medida, es «un parámetro de determinación de la intensidad del uso de los bienes», pero, aclara, siempre que esa intensidad guarde relación con la afectación o deterioro de los bienes. «No así cuando el dato exclusivo es el de la capacidad económica, que es lo que aquí ocurre«, añade.

«Tal como sostiene la demandante», explica el tribunal, la «verdadera naturaleza jurídica» de la conocida como tasa Amazon «es la de un impuesto, que aparece regulado bajo la denominación de tasa, lo cual genera inseguridad y carece de la preceptiva cobertura legal».

El alcalde Jaume Collboni ha advertido ya que el Ayuntamiento pleiteará por la defensa de la ‘tasa Amazon’ hasta donde haga falta.

El Ayuntamiento de Barcelona lleva varios años imponiendo tasas o impuestos sobre la actividad de compañías del entorno digital, en contra de plataformas como Uber o Cabify, o de las de vivienda de uso turístico, como Airbnb.

Voto particular

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Cataluña, presidida por el Juez Javier Aguayo Mejía, cuenta con el voto particular de la magistrada Isabel Hernández Pascual.

La Juez considera que «la tasa» aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona «no discrimina injustificadamente a los operadores postales de comercio electrónico de los operadores de otras actividades (…)», ya que compañías como Amazon hacen un «uso muy intensivo de las plazas de aparcamiento (…)».

Estas empresas de reparto de mercancías de comercio electrónico «necesitan las plazas de aparcamiento para la obtención de sus rendimientos económicos» aprovechando para ello «las infraestructuras y servicios de la ciudad que se financian con los tributos de los otros operadores, comerciantes y transportistas».

Si no se aplica la tasa a este tipo de empresas, entonces, concluye la magistrada, son las otras compañías «las que resultan injustamente discriminados y los que sufren la competencia desleal (…)».