Torra arriesga 1.050 millones por fulminar a Uber y Cabify

El plan de Quim Torra de terminar con Uber y Cabify en Cataluña para cumplir con las exigencias de los taxistas entraña peligro. La patronal Unauto considera que el gobierno catalán pone en riesgo aproximadamente 1.050 millones de euros que debería abonar en concepto de indemnización a los propietarios de las licencias VTC, las que utilizan los vehículos que trabajan para estas plataformas.

El cálculo tiene en consideración las 4.500 reclamaciones que pueden llegar a presentarse en el Ministerio de Fomento — de momento van por 1.945 — y los 233.000 euros que cada propietario podría reclamar por cada licencia, de acuerdo a las conclusiones emitidas en los informes que la patronal ha encargado a su equipo de expertos, encabezado por la consultora Ernst & Young (EY). 

¿Por qué sería Cataluña realizase el pago? El ministerio es el responsable, hasta el momento, de enfrentarse a las posibles reparaciones económicas. Pese a que el real decreto que el Gobierno aprobó en septiembre intentó indemnizar con tiempo y no con dinero a los propietarios de VTC, al incorporar una moratoria de cuatro años, dejó una puerta abierta a que los titulares de estas autorizaciones elevaran sus quejas ante Fomento.

Pero si la Generalitat termina aprobando un real decreto exprés y entra a regular el conflicto, cuando el proyecto todavía está en fase de enmiendas — el Congreso aprobó el decreto, pero aceptó que se tramitase como proyecto de ley — , será la administración catalana quien asuma la responsabilidad. «No tiene sentido entrar a regular en Cataluña cuando el marco normativo general está elaborándose», ha explicado Josep María Goñi, presidente de Unauto VTC Cataluña.

Todo apunta a que el Gobierno de Quim Torra, con el consejero de transporte, Damià Calvet, como hombre clave en la elaboración del nueva reglamento, terminará con Uber y Cabify en Cataluña, introduciendo un requisito del taxi que va dirigido única y exclusivamente a limitar la actividad de estas plataformas: la precontratación con horas de antelación del servicio de transporte de los vehículos con licencia VTC. Ello supone terminar con el modelo de negocio de Uber y Cabify, pues la mayoría de reservas se solicitan de manera inmediata. 

Fuentes conocedoras explican a Economía Digital que siempre ha existido división en el gobierno catalán ante las posibilidades sobre cómo terminar con el conflicto del taxi. Uno de los señalados de discrepar con las tesis del taxi es el vicepresidente Pere Aragonès, «la persona sobre la cual Unauto ejerce toda la presión para poder seguir operando en Cataluña», explican desde el taxi. El motivo, según añaden, es su conexión con Goñi.

Cambio en las negociaciones… y consecuencias

«El viernes pasado nos íbamos a la cama con un acuerdo que podía beneficiar a todas las partes. Un pacto que se había gestado desde hace meses”, ha explicado Josep María Goñi. Pero a partir del lunes, con la amenaza de los taxistas de bloquear el próximo Mobile World Congress, todo había cambiado. 

Unauto VTC considera que, entre otras consecuencias, la nueva normativa de la Generalitat dejará en la calle a más de 3.000 profesionales que forman parte del sector de las VTC, así como provocará el cierre de empresas que son rentables y gestionan cerca de las 2.300 autorizaciones de arrendamiento con conductor,

“Asistimos una vez más al secuestro de Barcelona por parte de la facción más radical taxi, que no ha dudado en chantajear a ciudadanos e instituciones con boicotear algo que es de todos: el derecho a la movilidad”, señala Eduardo Martín, presidente nacional de Unauto VTC.

Una rendija legal para tumbar la nueva ley

Pese a todo, desde la patronal Unauto consideran que hay posibilidad de tumbar judicialmente la futura ley de la Generalitat. “Existe una rendija legal”, ha afirmado al cierre de la rueda de prensa Goñi, que ha preferido no extenderse. «Comprenderán que no pueda dar armas al enemigo», ha añadido antes de dar por concluido el encuentro con los periodistas.  

Desde la patronal han incidido que hasta el momento han ganado todas las batallas judiciales. Consiguieron tumbar cautelarmente la primera ley anti-Uber que elaboró el AMB, tal y como adelantó este medio, y están convencidos que podrán hacer lo mismo ante la Generalitat.

De hecho, las empresas de vehículos de alquiler con conductor que usan las plataformas como Cabify y Uber consideran inconstitucional el real decreto ley aprobado el pasado 28 de septiembre y piden que se paralice cualquier normativa regional o municipal hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre esta legislación.

Un dictamen realizado por el despacho de abogados Muñoz Machado, encargado por Uber y Cabify, insta a estas plataformas a acudir al Tribunal Constitucional en defensa de sus derechos en el momento en el que los consistorios o las comunidades autónomas regulen en la materia. 

Por cuestiones de ordenamiento judicial, según explica El País, que ha accedido a este documento, las empresas no pueden llevar directamente al Constitucional el decreto del Ministerio de Fomento. El informe matiza que el proceso arrancará cuando se apliquen las nuevas normas municipales y haya un proceso en los juzgados ordinarios, desde donde se elevaría el recurso.