Telefónica eleva a 7 millones su gasto de ‘lobby’ sin conseguir rebajar la presión regulatoria que soporta

Telefónica ha elevado un 15% el gasto en las denominadas organizaciones sectoriales que ejercen actividades de representación. Se trata de las acciones ‘lobbistas’ que han supuesto un coste de 7,05 M€ para el operador azul. El resultado final, por el momento, no está siendo el esperado por la compañía en algunos ámbitos.. 

En el marco del Mobile World Congress que se ha celebrado en Barcelona durante esta semana, el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha vuelto a insistir en que se rebaje la presión regulatoria sobre la compañía. Esta es una de sus grandes batallas que seguramente ocupe más tiempo en sus actividades ‘lobbistas’.

Esta cifra de gasto de la compañía se sitúa en línea con los gastos ‘lobbistas’ que hacen otros operadores. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay mayor transparencia en esta partida, American Tower gasta en torno a 2 M$, mientras que compañías como AT&T lo elevan hasta unos 11 M$. 

Desde Telefónica explican que sus gastos totales en relación con las contribuciones a las organizaciones sectoriales están ampliamente distribuidos porque «la compañía está presente en muchos países y cada país tiene sus propias organizaciones sectoriales locales». 

El argumento, también, para justificar este gasto es que Telefónica «desarrolla muchos tipos de servicios afectados por diferentes sectores de negocio (conexiones fijas y móviles, televisión o servicios digitales)». 

Telefónica está registrada como lobbista en el registro de transparencia voluntario de la Unión Europea y en el registro de grupos de interés de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La mayor parte de los 7 M€ está destinado a la GSMA, SindiTelebrasil, ETNO y Bitkom. En territorio español tiene representación en organizaciones como DigitalES, Adigital o Círculo de Empresarios.

La regulación que soporta Telefónica 

Telefónica está sometida a múltiples y diversas regulaciones en cada uno de los países donde opera, y también bajo el marco comunitario de la Unión Europea. 

Por ejemplo, bajo el principio de neutralidad de red aplicable al ámbito de los servicios de acceso a internet, Telefónica no puede establecer restricciones técnicas o comerciales en cuanto a los terminales que se pueden conectar a los servicios, o sobre las aplicaciones o los contenidos a los que se pueden acceder o distribuir a través de Internet por el usuario final. 

Otro caso es el Reglamento de Bloqueo Geográfico que prohíbe cualquier práctica injustificada que limite las compras intracomunitarias online en función del lugar de residencia del comprador, lo que se conoce como Geobloqueo. Algo que algunas de las grandes tecnológicas europeas no aplican.

De igual modo, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prohíbe las «prácticas concertadas» y cualquier acuerdo entre empresas que pueda afectar al comercio entre Estados miembros y que restrinja, o tenga el objetivo de restringir, la competencia en el mercado interno. Asimismo, el Tratado también prohíbe cualquier abuso de una posición dominante dentro de la Unión Europea, o de cualquier parte considerable de ella, que pueda afectar al comercio entre Estados miembros. Esto parece que no aplica, por ejemplo, al buscador de Google. 

Un caso español 

Como ejemplo dentro de España, Telefónica afronta una regulación sobre el acceso mayorista a infraestructura de cables submarinos. El pasado 20 de noviembre la CNMC sometió a consulta pública una propuesta de análisis de mercado para desregular el acceso mayorista a las infraestructuras de cable submarino de Telefónica España, al considerar que no se cumple el test de los tres criterios en este mercado. La propuesta propone la completa desregulación de todas las rutas troncales submarinas, incluidas las nueve que aún estaban sometidas a regulación.  

Una vez aprobado el análisis de mercado, previsiblemente a lo largo del primer semestre de 2024, Telefónica España dejaría de estar considerado como operador con PSM en dichas rutas suprimiéndose todas las obligaciones vigentes en un plazo de 6 meses desde dicha aprobación.