La entrada del Gobierno compromete el Plan Estratégico de Telefónica para generar caja
El operador azul tiene como una gran prioridad aumentar el flujo de caja; una situación que pasa por ejecutar alguna desinversión, pero el escenario ha cambiado
Ángel Vilá, CEO de Telefónica; y José María Álvarez-Pallete, presidente / Imagen: @raulmasa
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Telefónica presentó su Plan Estratégico 2024-26 hace un par de meses. Uno de los grandes objetivos era la generación de caja. Los analistas lo aplaudieron. Sin embargo, la irrupción del Gobierno a través de la Sepi en la compañía ha sembrado dudas sobre las potenciales desinversiones que serían necesarias.
La hoja de ruta del operador azul estima un crecimiento mayor del 10% del flujo de caja. Esta evolución permitirá aumentar la generación de caja desde los aproximadamente 4.000 M€ previstos en 2023 hasta los 5.000 M€ en 2026.
Desde la compañía han insistido en que el flujo de caja se afianza como una prioridad para Telefónica y como una referencia primordial en el plan GPS —como se denomina el plan— para seguir reduciendo la deuda, atender los compromisos financieros y garantizar el dividendo.
La forma de dotar de mayor peso a la caja pasa por una reducción de costes y una aminoración en el gasto de capital (capex). Pero esto no será suficiente. La rotación de algunos activos en forma de desinversión también será otro factor fundamental.
Telefónica Tech, Telefónica Infra o la red de FTTH (fibra) de España representan diversas alternativas para ayudar a alcanzar esos objetivos. Un ejemplo lo ha representado la venta parcial de un importante volumen de activos de fibra rural a Vauban Infraestructure Partners y Crédit Agricole Assurances. Y todo esto puede suponer un problema para los nuevos socios de la compañía.
El papel de la Sepi en Telefónica
Según explican fuentes del sector a ECONOMÍA DIGITAL, Telefónica deberá readaptar el Plan Estratégico 2024-26 para que su nuevo máximo accionista se sienta cómodo.
En las próximas semanas la Sepi, con el 10%, será el principal inversor de Telefónica. Sin embargo, su participación en el desarrollo de la nueva hoja de ruta ha sido inexistente.
El principal motivo de la entrada del Gobierno en Telefónica ha sido para defender la «españolidad» de la compañía. Una situación generada por la irrupción de la saudí STC en el accionariado.
Más allá de los posteriores mensajes sobe la defensa de una empresa estratégica, y las comparaciones con países del entorno, la realidad es que el movimiento del Gobierno ha sido la pura reacción a la llegada de STC.
Ante esta circunstancia, según explican las fuentes, todos los movimientos de desinversión ―del tamaño que sean― deberán tener el beneplácito del Gobierno. Sobre todo, en el caso de la fibra, que se trata de un activo estratégico por su capilaridad (más de 22 millones de unidades inmobiliarias).
Esta situación choca de frente con ese plan a tres años de Telefónica donde, tarde o temprano, deberá tomar la decisión de qué hacer con Telefónica Tech, o la propia fibra.
Una estrategia bien vista
Otro problema derivado para Telefónica es que, en su momento, los analistas dieron el visto bueno al ‘plan estratégico’ bajo los planteamientos previstos. Pero la situación ha cambiado.
La compañía ofreció una nueva definición del flujo de caja (FCF) que utilizará de aquí en adelante y que fue valorada por los analistas.
«Es probable que se tome bien el cambio en la definición del flujo de efectivo libre, ya que la métrica ahora está más alineada con el flujo de efectivo disponible para distribuir a los accionistas», dijeron los analistas de Citi.
Partiendo de la nueva definición de FCF que la compañía utilizará en adelante, ese incremento anual superior al 10% se traducirá en un aumento desde los 2.100 millones de euros en 2023 hasta los 3.000 millones de euros en 2026, especificó Telefónica.
Los nuevos objetivos a medio plazo, con un crecimiento superior al 10% en el flujo de caja libre, «seguros, impulsarán el desapalancamiento y pueden respaldar el aumento del dividendo«, explicaba Erhan Gurses, analista en Bloomberg Intelligence.
Esos análisis hechos en noviembre no contaban con la entrada del Gobierno en Telefónica y, lo que es más importante, el impacto que puede tener su entrada en el Consejo de Administración y las disposiciones que traiga en materia de “españolidad” para los activos clave de la compañía.
