Magyar Vagon tendrá que pedir autorización al Gobierno tras presentar la OPA sobre Talgo
La Junta de Inversiones Exteriores tiene hasta tres meses para analizar si la OPA del grupo húngaro choca con los intereses estratégicos del Estado
Tren ICE de DB construido por Talgo. Foto EFE-EPA-Clemens Bilan
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El grupo húngaro Magyar Vagon deberá solicitar autorización al Gobierno para adquirir la totalidad del capital de Talgo una vez que presente formalmente la oferta pública de adquisición (OPA) anunciada la semana pasada. Esta solicitud será analizada en la Junta de Inversiones Exteriores (JINVEX).
La Junta, que cuenta con la participación de los ministerios de Economía, Hacienda, Exteriores, Industria y Defensa, entre otros, y cuyas decisiones no son vinculantes, tiene un plazo de tres meses una vez solicitada la autorización para elevar su informe al Consejo de Ministros. Sin embargo, este plazo puede ser flexible según las necesidades de información y la complejidad de la operación, informa EFE.
Además de la operación mencionada, la Junta también analiza otras transacciones, como la posible adquisición de hasta el 9,9 % de Telefónica por parte de la Saudi Telecom Company (STC). Ante este movimiento, el Gobierno español anunció su entrada en la operadora de telecomunicaciones con un 10 % del capital debido a su carácter estratégico y sus contratos en el área de defensa.
El control de inversiones
Hasta finales de 2024, el control de inversiones se rige por un reglamento de la Unión Europea establecido en marzo de 2019, principalmente impulsado por Alemania, con el objetivo de protegerse de compras de terceros, especialmente de China, en empresas del sector tecnológico, según expertos consultados por EFE.
Este fenómeno es común en los países desarrollados, especialmente después del inicio de la guerra en Ucrania, como confirma un informe de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), que señala que durante 2021 se implementaron sistemas de refuerzo para salvaguardar a las empresas estratégicas de las adquisiciones extranjeras.
La UNCTAD destaca que en el primer trimestre de 2022 se observó un notable aumento en la adopción de políticas de inversión extranjera, como resultado de las sanciones y contrasanciones que afectan a las inversiones directas de Rusia y Bielorrusia.
En abril de 2022, la Comisión Europea publicó orientaciones a los Estados miembros para garantizar una mayor vigilancia de las entradas de fondos procedentes de Rusia y Bielorrusia. Además, las instituciones europeas alentaron a los Estados miembros a promover estos esquemas de control de inversiones. En la actualidad, solo dos Estados no tienen o no consideran implementar mecanismos similares.
Las operaciones autorizadas en 2022
En 2022, se llevaron a cabo 63 operaciones autorizadas en el contexto del control de inversiones. En julio de 2023, España aprobó un Real Decreto (RD) sobre inversiones extranjeras, el cual modificó la Ley de 2003 que regula los movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior, para alinearla con el nuevo marco comunitario. Este RD fue complementado posteriormente por una orden ministerial en enero del año siguiente.
Las regulaciones temporales de control de inversiones están en vigor hasta finales de 2024.
Según los datos más recientes disponibles, correspondientes a 2022, durante ese año – el segundo completo de implementación del mecanismo – la Junta de Inversiones Exteriores (JINVEX) recibió 98 solicitudes de autorización de inversiones, lo que representa un aumento del 27 % con respecto a 2021.
De estas 98 solicitudes, 10 fueron desestimadas. De las 73 restantes, 63 fueron autorizadas sin medidas de mitigación, al no considerarse que presentaran riesgos significativos para la seguridad. En 9 casos, se aprobaron las inversiones, pero con medidas de mitigación adicionales. Hubo una operación que no fue autorizada debido a la imposibilidad de establecer medidas efectivas, según la información oficial.
Entre las medidas de mitigación adoptadas se destacan aquellas dirigidas a garantizar el suministro de bienes o servicios considerados críticos, limitar el acceso del inversor a información sensible, preservar ciertas capacidades y evitar la pérdida de soberanía, entre otras.
De las 73 operaciones reportadas por la Junta, solo tres tenían como inversor final a residentes en la Unión Europea o en la Asociación Europea de Libre Comercio.
Origen de las inversiones
En 2022, el 45 % de las inversiones tenían su origen en Estados Unidos, seguido por el Reino Unido (13 %), China y los Emiratos Árabes Unidos (7 % en ambos casos), con proporciones similares a las que se observan en el conjunto de la UE.
La mayoría de estas operaciones fueron examinadas debido a la relación de la empresa española con tecnologías críticas, el suministro de insumos esenciales o el acceso a información confidencial.
