La SEPI ultima el contrato de intermediación bursátil para entrar en el accionariado de Telefónica

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) está rematando los últimos detalles del contrato de intermediación bursátil necesario para materializar la incursión del Gobierno en Telefónica mediante la compra de hasta el 10% de las acciones de la sociedad presidida por José María Álvarez-Pallete. Para ello, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda está sondeando a entidades financieras del país, pero también extranjeras.

Si bien en la terna aparecen bancos de otros países, la intención es que sean entidades españolas como BBVA o Caixabank las que contarían con una mejor posición para efectuar la intermediación bursátil de la operación, según han trasladado fuentes del mercado a la agencia Europa Press. A la vez, han recordado que estos dos bancos españoles forman parte del «núcleo estable» de los accionistas de la compañía del sector de las telecomunicaciones, al contar con una participación de en torno al 5%, respectivamente.

Mientras que el contrato de intermediación bursátil «está a punto de ser adjudicado», la SEPI ya habría adjudicado el contrato de asesoramiento para ejecutar la entrada en el accionariado de la compañía, pese a que no ha revelado qué banco lo llevará a cabo.

El Ejecutivo, en paralelo, está inmerso en el estudio de los detalles para materializar la financiación específica de la compra, según dio a conocer el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Por su parte, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, la «máxima discreción» para llevar a cabo la operación y con el ritmo que decidan quienes han diseñado la adquisición.

Irrupción de STC en el accionariado de Telefónica

La orden de compra de hasta el 10% del capital social de Telefónica fue dictada por el Consejo de Ministros a finales del año pasado bajo el propósito de brindar una mayor estabilidad accionarial a la empresa y contribuir a salvaguardar sus capacidades estratégicas. A ojos del Gobierno, la operación se situaba en la línea de otros países como Alemania y Francia, que participan en el capital de Deutsche Telekom y Orange, respectivamente.

«La presencia de un accionista público en Telefónica supondrá un refuerzo para su estabilidad accionarial y, en consecuencia, para preservar las capacidades estratégicas y de esencial importancia para los intereses nacionales», destacó entonces el departamento encabezado por María Jesús Montero.

El anuncio se produjo pocos meses después de que la empresa del sector de las telecomunicaciones saudí STC, en la cual el Gobierno de Arabia Saudí posee el 64% de las acciones a través del fondo soberano PIF (Public Investment Fund), incursionase en el capital de la compañía española haciéndose con un 9,9% de las participaciones.

La operación, que se materializó sin que la dirección de la compañía tuviera conocimiento, consistió en la compra de un 4,9% de las acciones de forma directa y un 5% a través de derivados financieros.