La Sepi se arriesga a una sanción millonaria si no comunica un pacto con Caixa y BBVA en Telefónica
La entrada de la Sepi en Telefónica tensiona la regulación del mercado de valores y el papel de la CNMV, como ya ocurrió en el caso Indra.
Sede de Telefónica en Madrid.
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La Sepi se arriesga a una sanción millonaria, o incluso a la suspensión de su actividad en el mercado cotizado, si no comunica un pacto con los dos mayores accionistas españoles de Telefónica, CaixaBank y BBVA, para controlar la operadora. Al igual que en el caso Indra, la entrada de la Sepi en el capital de Telefónica tensiona la regulación del mercado de valores.
El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el pasado día 19 que el Consejo de Ministros le había dado orden de comprar el 10% de Telefónica, una operación valorada en unos 2.000 millones de euros y que llevará a la Sepi a un nivel de deuda histórico.
Con anterioridad, el 31 de octubre, la Sepi informó que estaba monitorizando la situación de Telefónica y analizando la posibilidad de entrar en el capital. Lo hizo después de que el pasado 5 de septiembre, la operadora saudí STC anunciara su intención de adquirir el 9,9% del grupo español.
En ninguno de sus comunicados al regulador del mercado, la Sepi menciona la posibilidad de formar un núcleo duro español en la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete.
Pero se ha dado por hecho que el Gobierno trata con la compra del 10% de Telefónica de superar la posición que pueda llegar a alcanzar en la multinacional española la operadora saudí STC, y conformar con BBVA y CaixaBank un núcleo duro español, como publicó El País.
«Con una vocación de permanencia, la participación de Sepi permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas», informó el organismo público en su comunicado del pasado día 19.
Este diario se ha puesto en contacto con portavoces de Telefónica, Sepi, CaixaBank y BBVA, para comentar esta información. Todas las fuentes consultadas se han remitido al comunicado oficial de Sepi.
Infracción grave
En la actualidad, el primer accionista de Telefónica es la saudí STC, con el 9,9% del capital, a la espera de obtener el visto bueno del Ministerio de Defensa para alcanzar dicho porcentaje.
Después se sitúan el fondo estadounidense BlackRock, con el 4,9%; y CaixaBank y BBVA, con el 4,8% cada uno. Además, CriteriaCaixa, el holding que gestiona el patrimonio de la Fundación la Caixa, posee otro 2,53%.
De esta manera, la Sepi, junto con CaixaBank y BBVA, doblarían en participación accionarial a la saudí STC, y previsiblemente podrían imponer sus decisiones en el Consejo de Administración de Telefónica. Pero si existe de hecho un pacto entre los mayores accionistas de la operadora española, este debe ser comunicado y explicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, incurriendo en caso contrario en una infracción grave.
El artículo 530 de la Ley de Sociedades de Capital establece que se entienden por pactos parasociales «aquellos pactos que incluyan la regulación del ejercicio del derecho de voto en las juntas generales o que restrinjan o condicionen la libre transmisibilidad de las acciones en las sociedades anónimas cotizadas».
El pacto deberá ser comunicado «con carácter inmediato» a la CNMV, acompañado de las cláusulas que se contemplen en el mismo, y deberá publicarse como hecho relevante, dice la Ley de Sociedades de Capital en el artículo 531.
Por su parte, la Ley del Mercado de Valores señala que será considerada como infracción grave, en el artículo 289, la falta de comunicación como hecho relevante de la existencia de un pacto parasocial.
Las sanciones contempladas por la Ley por la comisión de infracciones graves van desde multas económicas hasta la suspensión de la actividad del infractor en el mercado.
Entre esas sanciones, el 2% de los recursos propios de la entidad infractora -la Sepi terminó el ejercicio 2022 con fondos propios por importe de 337 millones de euros-, o la «suspensión o limitación del tipo o volumen de las operaciones o actividades que pueda realizar el infractor en los mercados de valores durante un plazo no superior a un año«.
El precedente de Indra
La entrada de la Sepi en Telefónica tensiona la regulación del mercado de valores, y el papel de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como ya ocurrió en Indra.
En el caso de la multinacional tecnológica española, la Sepi rozó la obligación de lanzar una OPA por el 100% del capital por posible concertación con otros accionistas.
El organismo público, que en febrero de 2022 recibió autorización del Consejo de Ministros para alcanzar el 28% de Indra, cooperó con la compañía vasca de defensa Sapa -con el 5% de Indra- y con el fondo Amber Capital -del presidente del grupo Prisa, Joseph Oughourlian, con el 5,1%- para cesar en la Junta de Accionistas que celebró el grupo español en junio del pasado año a consejeros que se habían mostrado críticos con la deriva accionarial y de gobernanza de la compañía.
La CNMV acreditó, tras seis meses de análisis, que hubo dicha cooperación entre Sepi y los otros accionistas, pero concluyó que no existieron «suficientes indicios que permitan considerar dicho acuerdo como una acción concertada para el control de la gestión de Indra», explicó en un comunicado.
La constatación de una concertación entre los accionistas habría supuesto la obligatoriedad a los concertados de lanzar una oferta por el 100% del capital del grupo tecnológico y de defensa, al superar conjuntamente el umbral del 30% del capital.
