Scytl, encargada del polémico escrutinio de las elecciones de mayo de 2019, entra en concurso de acreedores
ISE compró la empresa catalana especializada en la digitalización de procesos electorales en 2020, después que solicitara su liquidación al juez por primera vez
Scytl vuelve a entrar en concurso de acreedores. La empresa que aspiraba a rivalizar con Indra en la gestión de procesos electorales y que protagonizó el polémico escrutinio de los comicios celebrados el 26 de mayo de 2019 ha solicitado al Juzgado Mercantil de Barcelona su liquidación voluntaria ante la «imposibilidad de la compañía de hacer frente a sus necesidades corrientes y dar continuidad su negocio».
Según la notificación remitida por su sociedad matriz Innovative Solutions Ecosystem a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía tecnológica catalana decidió entrar en concurso como consecuencia de las «continuas pérdidas operativas y la falta de recursos para financiar su capital circulante, al no haber logrado obtener fuentes de financiación o inversión alternativas».
Scytl ya presentó un concurso de acreedores en 2020, tras no poder hacer frente al pago de unas deudas que alcanzaban en ese momento los 75 millones de euros. Con una facturación de 15 millones de euros y ante la imposibilidad de hacer rentable el negocio, los entonces accionistas de la empresa decidieron solicitar su liquidación con el objetivo de preservar los activos y conseguir atraer a un vendedor.
ISE compró Scytl en 2020
De hecho, acompañaron la solicitud de concurso con una oferta vinculante del fondo estadounidense Sandton Capital. Finalmente, fue la compañía Service Point Solutions, del grupo irlandés Paragon y posteriormente rebautizada como Innovative Solutions Ecosystem (ISE), quien adquirió la empresa especializada en al digitalización de los procesos electorales.
ISE planteó un plan de viabilidad para reimpulsar la compañía con el objetivo de aumentar las ventas un 16% en cinco años, apostando por la modernización de los procesos electorales y toda una serie de productos destinados a su digitalización, según figura en las cuentas anuales del año 2022, las últimas disponibles. Ese año, Scytl y el resto de filiales tecnológicas facturaron 6,6 millones de euros y anotaron un resultado de explotación negativo de 4,6 millones de euros.
La antigua Service Point y sus accionistas mantuvieron la apuesta por la compañía catalana al menos hasta junio de 2023, cuando el consejo de la empresa y Paragon llegaron a un acuerdo para restablecer el patrimonio neto de Scytl, cuyos fondos propios negativos alcanzaban los 3,4 millones de euros. La tecnológica, además, debía 7 millones de euros a sus nuevos accionistas, que le condonaron la mitad del importe, manteniendo un crédito no corriente de 3,5 millones de euros.
Finalmente, ante la imposibilidad de reflotar los resultados y de conseguir fondos suficiente para financiarse, ISE no ha tenido otra que solicitar la liquidación de la empresa que compró hace menos de cuatro años. Por su parte, la matriz continuará operando y espera presentar «la información financiera regulada con el fin de levantar la suspensión de cotización de sus acciones», suspendida precisamente por la «retención de información privilegiada».
La promesa del voto electrónico, salpicada por la polémica
Fundada en 2001, Scytl aspiraba a competir con grandes del sector, especialmente Indra en España, llegando a rozar los 40 millones de euros en facturación, pero las cuentas nunca llegaron a cuadrar.
En 2019, un año antes de entrar en concurso por primera vez, la compañía saltó a los titulares después de encadenar varias polémicas por su gestión en procesos electorales, algo que acabó de empañar su futuro. La primera llegó con las cuestionadas elecciones a la Cambra de Comerç de Barcelona, que fueron impugnadas por el juez después que irregularidades con el voto electrónico provocaran la anulación de 700 votos.
El segundo fiasco llegó con las elecciones municipales y europeas del año 2019. Los resultados del escrutinio tardaron días en confirmarse, dado que la web oficial del recuento de votos operada por la catalana sufrió errores que dificultaron el trasvase de datos.