Santander dice que el juicio contra la entidad por el caso del Banco Popular vulnera la Constitución
Santander dice en su escrito de defensa por el caso Popular que es un "contrasentido mayúsculo" que tenga que enfrentarse al procedimiento penal como responsable civil subsidiario.
Ana Botín informando ante los medios de la compra de Banco Popular por Banco Santander, en 2017. EFE
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Santander afirma en un escrito de defensa enviado recientemente a la Audiencia Nacional que la apertura de juicio oral contra la entidad por el caso Popular vulnera la Constitución y el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea.
«En evidente contradicción con el régimen de resolución bancaria, interpretado por las mencionadas sentencias del TJUE, se ha abierto el juicio oral contra Banco Santander, como supuesto responsable civil subsidiario«, dice el banco en su escrito ante el Juzgado Central de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional, al frente del caso que investiga la ampliación de capital de Banco Popular de 2016.
El juez José Luis Calama abrió juicio oral el pasado mes de noviembre, sin fecha todavía, contra el expresidente del Popular, Ángel Ron, y doce directivos, además de la auditora del banco, PwC y dos de sus socios, imponiendo una fianza provisional de 2.277 millones de euros.
En su auto, el magistrado señaló a PwC y a Santander como responsables civiles subsidiarios.
«La apertura del juicio oral contra Banco Santander ha supuesto una vulneración del principio de primacía del Derecho de la Unión, con la consiguiente vulneración de la Constitución Española«, sostiene ahora Santander.
«Esta última dispone que, en caso de que existan normas nacionales incompatibles con las europeas, las autoridades nacionales deben aplicar las normas europeas en detrimento de las normas nacionales», destaca en su escrito, firmado por el abogado Jaime Alonso Gallo, socio de Uria Menéndez, el despacho de cabecera del Santander.
El mayor banco español se hizo con Popular en junio de 2017, por un euro, justo después de que el Banco Central Europeo constatara la inviabilidad del banco presidido entonces por Emilio Saracho. Santander acometió una ampliación de capital por 7.000 millones en la absorción.
«El contrasentido de que ahora Banco Santander se enfrente a este procedimiento penal, como responsable civil subsidiario, es mayúsculo», llega a manifestar la entidad presidida por Ana Botín en su escrito al juzgado, al que ha accedido este diario.
El banco basa su argumentación ante el juez en la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 5 de mayo de 2022, de la que se concluye «ausencia de legitimación pasiva de Banco Santander (…)», sostiene.
La entidad reclamó al juzgado, un mes después de la sentencia de 2022 del TJUE, la exclusión de su «potencial responsabilidad civil subsidiaria» en el procedimiento. Pero la Audiencia Nacional, en octubre de ese año, rechazó el recurso del banco, como publicó este diario.
Santander asegura que ya hay 10.000 sentencias firmadas en España que siguen la doctrina marcada por el TJUE
«Lo relevante legalmente es la situación normativa creada por la STJUE de 5 de mayo de 2022, cuya aplicación es obligatoria para todos los operadores jurídicos de la Unión Europea«, defiende Santander.
El grupo financiero advierte en su escrito que tanto las acusaciones particulares como el Ministerio Fiscal han ejercitado contra Santander una «acción civil derivada del delito en la que se pretende la recuperación del dinero invertido (…)».
Y que, por tanto, la finalidad de esa acción civil es «la que ha sido proscrita por el excepcional régimen de resolución bancaria, según la interpretación del mismo realizada por el TJUE».
Se trataría, insiste Santander, de una finalidad que conforme al TJUE «resulta incompatible con el régimen de resolución bancaria, cuando se ejercita frente a la entidad resuelta o su sucesor (…)».
Santander, Popular, sentencias
El banco refuerza su escrito de defensa aludiendo a las sentencias civiles que se han dictado tras la del TJUE de mayo de 2022, que, asegura, «aplican de manera unánime la doctrina» dictada por el tribunal europeo.
El banco indica que ya se han notificado «más de 10.000 sentencias, que ya son firmes».
«Así pues, deben rechazarse todas las acciones restitutorias e indemnizatorias que se interpongan contra Banco Santander como sucesor de Banco Popular, del tipo que sean», concluye.
El supuesto perjuicio alegado por las acusaciones, considera Santander, «no tiene relación con las cuentas anuales y estados financieros de Banco Polular».
En definitiva, añade, «no existe el necesario nexo de causalidad entre los hechos objeto de este procedimiento y el perjuicio por el que se viene ejercitando la acción civil».
Santander solicita al juez la declaración como testigos de, entre otros, el exministro y vicepresidente del BCE Luis de Guindos; el exgobernador del Banco de España Luis María Linde; Elke König, ex presidenta de la JUR; el último presidente del Popular, Emilio Saracho; o los expresidentes de la CNMV Elvira Rodríguez y Rodrigo Buenaventura, entre 33 testigos requeridos.
