Santander, BBVA y CaixaBank afrontan una multa millonaria en Portugal por prácticas contra la competencia
El TJUE considera que las filiales de Santander, CaixaBank y BBVA, junto a otras 11 entidades de Portugal, habrían intercambiado información sensible durante más de diez años.
Una oficina de Banco Santander.
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Santander, BBVA y CaixaBank afrontan en Portugal una multa millonaria, junto a otras once entidades del país, por prácticas contra la compentecia.
El Tribunal de Justicia de la UE considera que los bancos investigados podrían ser multados con 225 millones de euros por haber intercambiado información sensible durante más de diez años.
Entre las entidades afectadas se encuentran Banco Português de Investimento (BPI), del grupo CaixaBank; Banco Santander Totta (por hechos cometidos por él mismo y por Banco Popular); y la filial portuguesa de BBVA. También está afectada Unión Créditos Inmobiliarios (UCI), participada por Santander y BNP.
La Autoridad de Competencia de Portugal (AdC) impuso en septiembre de 2019 una multa por importe total de 225 millones a 14 entidades de crédito, considerando que habrían infringido el Derecho nacional y el de la UE en materia de competencia, al participar «en un exhaustivo intercambio mensual y recíproco de información sensible durante más de diez años, entre 2002 y 2013″.
La información intercambiada entre las entidades afectaba a los mercados de los créditos hipotecarios, del crédito al consumo y del crédito para las empresas.
El organismo de competencia portugués sostiene que esa práctica constituía «una restricción de la competencia por el objeto», lo que significa que la gravedad de los hechos es tal que no es necesario examinar sus posibles efectos en los mercados afectados.
El TJUE indica que tendrá que ser los tribunales portugueses los que realicen «las apreciaciones fácticas necesarias»
Los bancos recurrieron la multa de la AdC alegando que el intercambio de información controvertido no era suficientemente nocivo como para poder calificarse de restricción de la competencia por el objeto, y que se debería haber tenido en cuenta el contexto económico, jurídico y normativo.
El TJUE explica en su sentencia sobre el caso, consultada por este diario, que de la descripción de los hechos «que realiza el tribunal portugués» parece desprenderse «que la información intercambiada se refería, en particular, a las intenciones de modificación futura de los diferenciales de crédito de los participantes«.
Añade que tal intercambio «no podría haber tenido otro objetivo que no fuera el de falsear la competencia«. No obstante, advierte el TJUE, «corresponde al tribunal portugués realizar las apreciaciones fácticas necesarias» para determinar que efectivamente hubo una práctica contra la competencia.
El TJUE indica que un intercambio de información autónomo entre competidores «puede constituir una restricción de la competencia por el objeto». Para que un mercado funcione en condiciones normales, explica en su sentencia el tribunal, «los operadores deben determinar autónomamente la política que pretenden seguir y mantenerse en la incertidumbre en cuanto al comportamiento futuro de los demás participantes«.
CaixaBank se hizo con el banco portugués BPI a mediados de 2018, lanzando una opa sobre la entidad. La filial portuguesa de la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri ingresó el pasado año 1.768 millones de euros, 730 millones más que en 2022. BPI cuenta con 315 oficinas en Portugal y emplea a 4.649 personas.
Santander cuenta con 2,9 millones de clientes en Portugal y emplea a 5.303 personas. El banco presidido por Ana Botín pagó en total en impuestos en el país, el pasado año, 712 millones de euros, logrando un beneficio de 896 millones de euros.
BBVA, presente en Portugal desde los años noventa, es el que menos negocio realiza en el país de los tres grandes bancos españoles, empleando a menos de 500 personas.
