Seis años de sanchismo en la Economía: del ‘escudo antiopas’ a la entrada en Telefónica

Los seis años de Gobierno de Pedro Sánchez han estado marcados, en lo económico, por el intervencionismo del Ejecutivo en el ámbito privado.

El conocido como ‘escudo antiopas‘ se ha ido modificando, y ampliándose las competencias de control sobre las inversiones extranjeras, mientras que el Estado se ha ido incorporando al capital de multinacionales españolas, a través del intercambio de deuda por acciones, o de la entrada directa como en el caso de Telefónica.

El Real Decreto ley 11/2020 de 17 de marzo, por el que se adoptaron medidas urgentes para hacer frente al Covid, ha servido de base al Gobierno para ir incrementando su capacidad de intervenir en operaciones de inversiones extranjeras sobre compañías españolas privadas.

El régimen de suspensión se ha ido reforzando a través de sucesivos reales decretos, el último de julio de 2023, que amplía el blindaje a las inversiones extranjeras a otros sectores, reduciéndose también el periodo supuesto de respuesta que debe atender el Consejo de Ministros, de seis meses a tres meses.

El Gobierno de Sánchez ha justificado el intervencionismo por Real Decreto aludiendo a los riesgos generados por la crisis sanitaria, y también porque se trataba de adoptar el reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de marzo de 2019, para el control de las inversiones extranjeras directas en la UE.

Pero ha terminado siendo un instrumento de presión a manos del Gobierno que permite condicionar e incluso suspender determinadas inversiones extranjeras sobre empresas españolas.

«El reciente impacto de la crisis global desencadenada por el COVID-19 sobre los mercados bursátiles mundiales, supone una amenaza cierta para las empresas españolas cotizadas«, advertía el Gobierno en el Real Decreto de marzo de 2020, «pero también para las no cotizadas que están viendo mermado su valor patrimonial, muchas de ellas de los sectores estratégicos de nuestra economía, de que se lancen operaciones de adquisición de las mismas por parte de inversores extranjeros».

El Real Decreto del pasado mes de julio sobre el control de inversiones extranjeras precisa que serán afectadas las operaciones que supongan «la participación en el capital de sociedades españolas, siempre que sea realizada por un inversor no residente que ostente o alcance, mediante esta operación, una participación igual o superior al 10 por ciento del capital social del emisor o de sus derechos de voto».

El escudo también podrá aplicarse a la financiación de sociedades españolas cuyo importe supere el millón de euros, o para la compra de inmuebles en el país de más de medio millón de euros.

El primer presidente del Ibex en sufrir en sus carnes el afán intervencionista del Gobierno fue Fernando Abril-Martorell, al frente de la multinacional tecnológica y de defensa Indra desde 2015. El ejecutivo fue destituido de su puesto por decisión de la Sepi, primer accionista de la compañía, que impuso a Marc Murtra, ligado al PSC, como nuevo presidente.

Unos meses después, el Consejo de Ministros dio orden a la Sepi de aumentar su participación en Indra, hasta el 28% del capital. El organismo público, aparentemente, reforzó su control sobre la compañía aliándose con otros accionistas, entre ellos el fondo Amber, controlado por Joseph Oughourlian, presidente de Prisa.

La CNMV libró a la Sepi de lanzar una OPA sobre el 100% de la empresa, a pesar de las señales de concertación existentes.

La elevada tensión geopolítica internacional y los conflictos bélicos, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ha servido de justificación al Ejecutivo para tomar el control de la principal compañía española de defensa.

De igual modo, el impacto en los precios energéticos de la crisis sanitaria, así como sobre el acceso a la financiación bancaria, ha servido al Gobierno de Sánchez para justificar la creación de impuestos especiales sobre las compañías energéticas españolas, y también sobre los bancos.

Durante los peores meses de la pandemia, el Presidente del Gobierno y los principales ejecutivos del Ibex escenificaron una estrecha cercanía entre la Administración pública y la privada, en actos como el organizado en Casa América (Madrid), en agosto de 2020, con el lema ‘España puede’.

Pero esas imágenes en las que Pedro Sánchez se reunía con Ana Botín, Florentino Pérez, Álvarez-Pallete o Ignacio Sánchez Galán para elevar los ánimos, se torcieron a mediados de 2022.

En el primer debate sobre el estado de la Nación celebrado en España en siete años, el 11 de julio de 2022, Sánchez anunció, sin previo aviso, un impuesto sobre los beneficios de las compañías energéticas para recaudar 2.000 millones de euros al año, y otro a los bancos para ingresar anualmente 1.500 millones durante dos años.

En el sector inmobiliario, la intervención del Estado se ha defendido como única vía capaz de atajar el incremento de los precios de la vivienda. El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda el 1 de febrero de 2022, por el Congreso el 27 de abril de 2023 y por el Senado el 17 de mayo. La ley se publicó en el BOE el 24 de mayo de 2023.

La entrada de la operadora saudí STC en el capital de Telefónica, con el 9%, anunciada en septiembre de 2023, también ha servido de pretexto al Gobierno para ordenar a la Sepi comprar el 10% de la multinacional española presidida por José María Álvarez-Pallete, una operación que previsiblemente superará los 2.000 millones de euros.

En la actualidad, el Gobierno sigue agitando su capacidad de intervención con motivo de otras dos operaciones en ciernes, la OPA de un grupo húngaro sobre Talgo y la oferta que estaría analizando la compañía Taqa, de Abu Dhabi, sobre Naturgy.

En contraste con ese afán intervencionista sobre el ámbito privado, las cuentas de algunas de las mayores compañías públicas españolas hacen agua.

Las pérdidas millonarias que arrastran Renfe y Correos o el espectáculo ofrecido por RTVE están lejos de los estándares de rentabilidad y control de gasto y deuda que se supone el Estado está imponiendo en las compañías privadas en cuyo capital participa.