Victoria judicial para Sacyr y Cobra (ex ACS): anulan parte de las multas por cártel ferroviario

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (AN) ha cancelado algunas de las multas de 118 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso a quince empresas por haber formado un triple cártel con el que, durante catorce años, se repartieron alrededor de 200 proyectos ferroviarios valorados en 1.055 millones de euros.

Hasta el momento que resuelven los recursos presentados por Cobra, anteriormente parte de ACS y ahora de la francesa Vinci y Sacyr, dándoles la razón frente a la CNMC, Adif y Alstom, esta última la que reveló la existencia del cártel, lo que le permitió evitar su propia sanción.

La Audiencia Nacional, no obstante, ha desestimado el recurso presentado por Siemens, que fue multada con 16,8 millones de euros. A su parecer, la CNMC no ha violado ningún principio de graduación y proporcionalidad en la cuantificación de la sanción, por lo que no existe falta de motivación en su decisión.

Por otro lado, ha estimado parcialmente el recurso de Cobra, que enfrentaba dos sanciones de 21,2 y 6 millones de euros. Tras considerar «la falta de prueba de la comisión de la infracción en el período comprendido entre mayo de 2009 y octubre de 2013», ha dictaminado que los hechos anteriores a esta última fecha están prescritos.

«De este modo, procede estimar parcialmente el recurso y anular la resolución recurrida en cuanto ha sancionado a Cobra por la comisión de la infracción durante un período en realidad prescrito, sin perjuicio de que subsista la antijuridicidad de su conducta por el resto del tiempo de duración de la infracción, con las consecuencias que de ello se deriven», destaca la sentencia.

En el caso de Sacyr, que se enfrentaba a una sanción de 762.363 euros a través de su filial Neopul, se ha estimado íntegramente el recurso. La AN ha argumentado que la CNMC «no ha aportado prueba de cargo suficiente que permita concluir que conocía la existencia del plan anticompetitivo».

«Las pruebas de indicios serán pruebas de cargo válidas si los indicios no se basan en meras sospechas, rumores o conjeturas, sino en hechos plenamente acreditados y que entre los hechos base y aquel que se trata de acreditar exista un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano», esgrime el texto.

Entre el resto de las empresas sancionadas también se encuentra: Semi, con 16,4 millones de euros; Elecnor, 20,35 millones, e Inabensa, 11,56 millones. También fueron multadas Cymi, Isolux, Electren, Comsa, Indra, Telice, EyM y Citracc, en estos casos con multas que oscilan entre 4,22 millones y 385.067 euros.

Así operaba el cártel ferroviario

Las empresas, según desgrana el regulador, acordaban consorcios con el objetivo de conseguir contratos de electrificación del AVE y distribuir después parte de las obras con el resto de las firmas, «que presentaban ofertas al proyecto para simular concurrencia competitiva en la licitación».

Cuando se trataba de líneas convencionales, las compañías se repartían las licitaciones a través de un sorteo con el que establecían el orden de adjudicación de los contratos y brindaban una compensación a las que no resultaban adjudicatarias con un 6% del importe del contrato.

El mayor de estos tres cárteles es el que trece de estas firmas mantuvieron durante ocho años, con el que acordaron repartirse 24 proyectos de electrificación del AVE por 837 millones. Otro de los cárteles abarcó entre 2002 y 2016, en el que una decena de empresas acordaron sobre 173 contratos de electrificación de tren convencional que suman 134 millones.

El último de ellos, conformado por primero por Alstom y Siemens y posteriormente también por Elecnor, afectó a siete contratos de instalación de equipos electromecánicos del AVE que suman 84 millones.