Ron rebate a la AN y señala que Francisco Gómez se encargó de la contabilidad del Popular  

Ángel Ron, expresidente del Banco Popular encausado por presunta falsedad contable y estafa a los inversores en la ampliación de capital de 2016, ha gastado su última bala para tratar de evitar el juico. 

La defensa del ejecutivo, de la que se encarga José Antonio Choclán, presentó el recurso de apelación ante la Sala de lo Penal este jueves tras el rechazo de que la Audiencia Nacional a su recurso al auto del 4 de marzo.  

José Luis Calama, juez encargado del caso del Popular, considera que Ron y otros 12 directivos, además de la auditora PwC, ejecutaron la ampliación de capital a sabiendas de que los resultados del banco no reflejaban la realidad contable y escondía «déficits» que perjudicaron a los inversores. 

Figura institucional en Banco Popular  

En el último escrito judicial, al que ha tenido acceso este periódico, la defensa de Ron rebate el argumento que da Calama, quien cree que Ron, por ser presidente, es el máximo responsable de los problemas económicos que, a su juicio, arrastraba Banco Popular. «El magistrado atribuye a la figura del presidente la condición de máximo responsable de todo lo que pueda ocurrir en la entidad (…)», dicta el recurso de apelación. 

La defensa continúa detallando que «entre las atribuciones del presidente no estaban ni la contabilización de las operaciones, ni siquiera la elección de un criterio o interpretación de la norma contable, o la elección de los tasadores (…)». El recurso de apelación incluye que la envergadura de Banco Popular a finales de 2015 era lo suficientemente robusta como para que Ron estuviera al tanto de todo. 

Los de Ron defienden que «el buen gobierno de una compañía de este tamaño depende de la existencia de procedimientos internos de calidad contrastada». Agregan que el BCE, con Mario Draghi a la cabeza, no se cercioró de ningún problema y, además, las comunicaciones entre el regulador y el Popular «ponen de manifiesto la solidez de los sistemas y procedimientos de gestión de capital interno y de la liquidez» de la entidad. 

Francisco Gómez se encargó de la contabilidad 

El escrito continúa describiendo que, tras el rescate financiero de 2012, el Popular recuperó el puesto de CEO, que recayó sobre Francisco Gómez «del que, hasta su cese en julio de 2016, dependía la contabilidad». La defensa de Ron enfatiza en que «la contabilidad del banco no dependió directamente de mi representado desde 2006«. 

Como informó este diario, el ex consejero delegado de Banco Popular, también enjuiciado por el caso de la ampliación de capital, se adhirió al recurso de PwC y defendió que el banco no evadió ninguna normativa del regulador europeo ya que no existió «requerimiento alguno del BCE». 

En su adhesión, el antiguo CEO destacó que BCE alertó de «cuatro deficiencias», pero no de «incumplimientos», e incluye que el regulador continental sugirió «trece recomendaciones» y la creación de un plan de acción. En su recurso de adhesión señaló que el Popular cumplió con las recomendaciones del BCE. 

«Diferente suerte»

El último recurso presentado por Ángel Ron destaca las que eran sus funciones mientras liderada Banco Popular, entre las que destaca «la supervisión de la comunicación externa; la representación institucional del banco; la elaboración de estrategias a medio y largo plazo; y el inicio de debate en el Consejo».

También señala a quienes actuaban bajo sus paraguas y que, pese haber compartido tareas, están absueltos del caso de la ampliación de capital. La defensa nombra a Francisco Aparicio, secretario del Consejo de Administración, del que Calama dictó sobreseimiento en el auto del 4 de marzo.  

Incluye a Carlos Balado, ex responsable de Comunicación; a Miguel Ángel Moral, secretario general Técnico; y a Alberto Muñoz, director general de Presidencia. Todos estos ejecutivos respondieron ante expresidente y, sin embargo, “han corrido una suerte diferente a la del Sr. Ron”, como expone la defensa.  

Ron defiende las cuentas  

Ángel Ron concluye que tenía conocimiento de la contabilidad, pero «solo desde la perspectiva de su materialidad». El escrito de Choclán determina que el expresidente contaba con la información contable devenida de los expertos encargados de esa función.  

«El conocimiento que pueda tener un presidente de los resultados de ésta es aquel que se deriva de unos procedimientos internos reglados y supervisados jerárquicamente que permitan marcar una estrategia, pero no de una labor de supervisión técnica que no corresponde en ningún caso al presidente», reza el documento judicial. 

Ron defiende que las cuentas de Banco Popular se sometieron tanto a controles internos, como a «controles externos independientes, por lo que era habitual no sólo la intervención del auditor externo PwC (que también está enjuiciado), sino que el Banco encargaba trabajos de apoyo a entidades como Deloitte y KPMG», detalla el recurso.