Robles exige a Tess un plan de entrega de los blindados de 2.000 millones entre rumores de cancelación

Nervios respecto el mayor contrato militar de España de los últimos años. El ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles ha mandado esta semana un requerimiento a Tess Defence para que elabore ya un «plan recuperación para facilitar la calificación y entrega» de los más de 300 vehículos blindados VCR 8×8 encargados al consorcio Tess Defence, según ha podido saber ECONOMÍA DIGITAL de fuentes de la industria.

El requerimiento de Robles llega en un momento de tensión respecto a este contrato, cuando queda descartado que el consorcio vaya a poder entregar la totalidad de los 92 blindados que estaban comprometidos por contrato para este ejercicio. Tal y como confirman fuentes cercanas a los contratistas, se han extendido en las últimas semanas el rumor de que Defensa podría plantearse la cancelación del programa Dragon (en el que se enmarca esta compra de blindados por 2.000 millones de euros), y buscar una alternativa.

Robles y los rumores de cancelación del programa Dragon

Fuentes de la industria militar descartan que este elemento se vaya a producir, que tachan de «bulo» y exageración aunque, como ha podido saber este periódico, no se trata de un simple comentario entre profesionales, sino que ha encendido las alarmas, por ejemplo, en el Gobierno del Principado de Asturias liderado por Adrián Barbón (PSOE).

El Ejecutivo asturiano ha preguntado tanto a los fabricantes como al Ministerio de Defensa de Margarita Robles si existía un riesgo real de cancelación. Los blindados se fabrican en la planta de Trubia, de Santa Barbara Sistemas (General Dynamics), una de las socias de Tess Defence. El Gobierno y Tess han comprometido una inversión de 5.000 millones para llevar a cabo un centro tecnológico en Asturias en el marco del programa militar.

Por ahora, el Gobierno se ha limitado a exigir un plan detallado sobre cómo se van a solucionar los problemas de producción de los blindados, y un nuevo calendario de entrega de los 348 vehículos terrestres, que deben ser la joya del Ejército de Tierra pero que está tardando mucho en llegar. Según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil y consultadas a través de la herramienta Insight View, Tess Defence logró una facturación en 2023 que rozó los 3.000 millones de euros (2.958 millones), un 25% más que un año antes.

Responsabilidades en el programa

El Gobierno liderado por Pedro Sánchez encargó a Tess Defence en 2020 la elaboración de un carro de combate blindado, el VCR 8×8 Dragon, por un importe de más de 2.000 millones de euros. Tess Defence es un consorcio participado a partes iguales entre Indra, Escribano, Sapa y Santa Barbara, filial española del gran gigante americano General Dynamics. El compromiso con el Ministerio de Robles fue entregar 348 vehículos en cinco años. De ellos, solo se han recibido siete unidades (en 2022).

Fuentes de la industria señalan que el compromiso para 2024 era la entrega de 92 vehículos, pero admiten que solo será posible entregar alrededor de un 20%, es decir, unos 20 carros. Esto supone que, a un año del vencimimiento del plazo, solo se habrán entregado unas 25 unidades frente a las 348 reclamadas.

Robles mostró ya a principios de año su «preocupación» por los retrasos, y este verano se ha sancionado a Tess Defence con 9 millones de euros por los incumplimientos. Aunque todavía no la cancelación, este decalaje en la entrega es lo que ha motivado prácticamente un ultimátum de Robles y la exigencia de un plan de viabilidad para la ejecución del contrato.

Los miembros del consorcio Tess tienen encargados cada uno una parte del vehículo. Sobre las responsabilidades del fallo en la entrega del vehículo, fuentes cercanas al proceso señalan que los errores están en las torretas que fabrica Escribano y los motores que está diseñando Sapa, extremo que siempre han negado desde el consorcio.

El origen de Tess Defence

La formación de Tess tiene una intrahistoria política que se halla en la base de muchos de estos encontronazos. Aunque inicialmente el contrato iba a ser para una sola empresa, el Gobierno decidió modificar sus pliegos para exigir que Santa Barbara, la gran contratista, conformara un consorcio con otras empresas que también debían participar en la construcción; las tres españolas Indra, Escribano y Sapa.

La madrileña Escribano y la vasca Sapa son pequeñas empresas que han crecido en los últimos años al calor de los contratos públicos y el interés del Gobierno por hacerles un hueco en la empresa pública Indra, la tecnológica del Ibex que Sánchez quiere convertir en un campeón nacional de Defensa. Tanto Escribano como Sapa se han convertido en importantes accionistas de Indra en detrimento de fondos de inversión, con inversiones en su capital desproporcionadas respecto al tamaño de estas empresas.

Este hecho ha llegado a desestabilizar la relación de fuerzas en Tess. Si inicialmente sus cuatro miembros, con participaciones similares, no tenían ninguna vinculación entre sí, ahora la situación es bien distinta, puesto que Indra, Escribano y Sapa están relacionadas por un importante vínculo accionarial en la primera. Tanto es así, que Indra ha realizado una oferta de compra accionarial en Tess a los otros socios, oferta que sigue sin materializarse.