Demanda millonaria a Repsol, Moeve y BP: un centenar de gasolineras las acusan de fijar precios durante 30 años

Unas 120 estaciones de servicio, agrupadas en la plataforma ‘Afectados por las Petroleras’, han interpuesto una demanda contra Repsol, Moeve y BP por 600 millones de euros, al entender que han fijado los precios de los carburantes durante 30 años, según han informado a través de un comunicado, informa Europa Press.

Según la plataforma, esta primera reclamación, a la que se unirán más gasolineras en las próximas semanas, se produce tras la «confirmación» por parte del Tribunal Supremo de la existencia de una práctica prohibida basada en que las petroleras (Repsol, Moeve, BP) fijaban «directa e indirectamente el precio de venta en las estaciones de servicio».

Por ello, la Plataforma de Afectados por las Petroleras (APP) ha interpuesto en este mes de diciembre de 2024 la primera de las demandas que prepara.

La plataforma indica que el Tribunal Supremo se ha remitido a la sentencia del TJUE de 20 de abril de 2023 y a la «evidencia» de que en el contrato de arrendamiento de industria y exclusiva de suministro objeto del procedimiento concurrían los mismos mecanismos indirectos de fijación de precios detectados por la CNC en su resolución de 2009, «por lo que aprecia una coincidencia personal material, temporal y geográfica o territorial con respecto a los contratos examinados por al CNC», según dicha plataforma.

«Y señala expresamente que una práctica restrictiva de la competencia como es la fijación de precios lesiona el interés general, falsea la libre competencia en el mercado y «puede lesionar y generar daños a los patrimonios de los operadores económicos intervinientes en el mercado», ha asegurado la plataforma.

A su juicio, la sentencia establece «de manera indubitada» la existencia de «prácticas colusorias» en el mercado seguidas por las tres petroleras y como consecuencia de la misma se abre una vía para que reclamen tanto los consumidores y usuarios como las estaciones de servicio perjudicadas, «pues todos ellos han padecido los daños derivados de dichas prácticas».

En concreto, en esta primera demanda se solicita la nulidad de los contratos y se calcula los efectos económicos que la «práctica anticompetitiva» ha tenido para las más de 100 estaciones de servicio que de momento se han unido a la plataforma, cuyo importe estimado asciende a 600 millones de euros.

La plataforma indica que, hasta el momento, el volumen de estaciones de servicio que se han unido a la plataforma supone un porcentaje «muy pequeño», en torno al 5%, sobre el total de gasolineras potencialmente afectadas, por lo que se sigue admitiendo solicitudes de adhesión y espera incrementar «significativamente» la demanda en los próximos meses.