Victoria judicial para Repsol: desestimada la demanda de Iberdrola por ‘greenwashing’

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander ha desestimado la demanda interpuesta por Iberdrola contra Repsol por supuesto ‘ecopostureo’ al no encontrar evidencia de publicidad engañosa o desleal.

La sentencia, que puede ser apelada ante la Audiencia Provincial de Cantabria, aclara que no se ha probado que las campañas de Repsol induzcan a error sobre su identidad como empresa predominantemente petrolera, ahora diversificada en energías múltiples.

Además, destaca que los consumidores identifican ampliamente a Repsol con estaciones de servicio y venta de combustibles y que la compañía se posiciona sobre sostenibilidad sin hacer alegaciones falsas sobre la eficiencia o beneficios ambientales de sus productos.

«En ningún momento se realizan alegaciones medioambientales, sino de compromiso con la sostenibilidad», destaca la sentencia para después puntualizar que las campañas no mencionan «características de un producto sino la postura de la empresa respecto del compromiso internacional con la sostenibilidad».

Acusaciones de ‘greenwashing’

Iberdrola alegaba que Repsol promovía falsamente actividades sostenibles. Concretamente, la acusaba de promocionar iniciativas sostenibles «cuando su oferta multiproducto busca fomentar el uso de carburantes», así como de «centrarse en la sostenibilidad, cuando constituye un elemento menor de sus actividades actuales».

De esta manera, se proponía solicitar que se declarara que Repsol estaba llevando a cabo actos de competencia desleal, condenando a la compañía a cesar en la realización de estos, prohibirle su reiteración futura y remover sus efectos.

Sin embargo, Repsol ha defendido su enfoque hacia una transición energética sostenible, destacando su evolución a una empresa multienergética que satisface las demandas de la sociedad moderna con responsabilidad ambiental.

En este sentido, había recalcado que su único objetivo era «ofrecer los bienes y servicios que la sociedad demanda, a un precio competitivo, con la menor huella de carbono posible y garantizando a su vez el suministro».

El juicio ha marcado un precedente en el tratamiento legal del ‘greenwashing’ en España, un concepto aún no completamente definido en el ordenamiento jurídico del país.