237 millones de deuda española, al borde del ‘default técnico’ por los impagos de las renovables
El fondo estadounidense Blasket Renewable junto a otros acreedores afectados por estos impagos han remitido al Gobierno una notificación prejudicial sobre el inicio del procedimiento
El fondo estadounidense Blasket Renewable Investments y otras compañías afectadas por el impago de las renovables han iniciado la activación del ‘default’ técnico contra España por un bono de deuda valorado en 237 millones de euros. Han enviado una notificación prejudicial al Gobierno comunicando la decisión, aseguran fuentes cercanas a las empresas vinculadas.
Esta maniobra se conoce a las pocas semanas de que la Justicia Belga autorizara embargar 80 millones de euros a Enaire, la empresa pública española que controla el tráfico aéreo, por razones derivadas al recorte a las renovables; y a los pocos días de que también fueran embargados los derechos de Aena sobre el aeropuerto de Luton, participada al 51% por Enaire.
El recurso del ‘impago’ técnico al título, que vence en 2029, podría obligar a España a saldar los pagos pendientes de inmediato, aseguran las mismas fuentes.
Los afectados interpretan que el incumplimiento sucesivo de los laudos -que condenan al país a pagar más de 1.560 millones– genera un escenario previsto en la emisión del título de deuda.
Este escenario activa una cláusula de incumplimiento cruzado (cross default) que coloca a España en una situación de ‘default’ técnico.
Esta última consiste en el primer proceso de incumplimiento que afecta a bonos del Tesoro de España desde la Guerra Civil, la cual trae consecuencias para la seguridad jurídica y financiera del país.
De vuelta a los tribunales británicos
La notificación prejudicial enviada al Ejecutivo es una antesala para un procedimiento de ejecución legal que el grupo de acreedores pondrá en marcha este verano ante la justicia de Inglaterra y Gales.
El Tribunal británico ya ha fallado en favor a los acreedores cuando reclamaron otras medidas compensatorias por los impagos, como los embargos sobre la indemnización por la catástrofe del Prestige (más de 900 millones de euros), la sede del Instituto Cervantes en Londres, cuatro cuentas bancarias, entre otros.
Deuda acumulada
La negativa de España a saldar las cuentas pendientes derivan de su principal argumento, basado en que estos pagos podrían ir en contra del derecho de la Unión Europea. Cuestiona también la legitimidad de los laudos dictados por el CIADI.
Los embargos que acumula el país se iniciaron cuando se retiraron las primas a las energías renovables, modificando con carácter retroactivo las condiciones básicas que regulaban las inversiones de energéticas en España.
Esto ocasionó que las sociedades afectadas recurrieran a centros de arbitraje en distintos países, como Estados Unidos, Bélgica, el Reino Unido y Australia, para proteger sus inversiones, como el fondo Blasket Renewable.
La deuda acumulada por los impactos a las renovables se sitúa en 1.562 millones de euros desde octubre de 2022 hasta junio de este año.