Renergy vence a España por el recorte a las renovables y reclama 33 millones

El CIADI ha rechazado el recurso de anulación que España presentó para evitar pagar un laudo a favor de la compañía italiana

Foto: Europa Press / Foro Sella

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España acumula una nueva derrota en los tribunales por el recorte a las renovables tras la decisión del CIADI, el centro de arbitraje del Banco Mundial, de rechazar el recurso de anulación de un laudo a favor de Renergy, confirman fuentes cercanas a las empresas afectadas. La compañía italiana, a través de su filial en Luxemburgo, exige una compensación de 152 millones de euros.

El caso fue presentado ante el CIADI en 2014 y, después de ocho años de litigio, el tribunal falló a favor de Renergy, reconociendo su derecho a una indemnización de 32,9 millones de euros más intereses por parte del Estado español.

El Estado español ha tratado de anular el laudo sosteniendo que el CIADI carece de autoridad para llevar el caso. Pero el centro de arbitraje ha tumbado los argumentos de la parte española, al estar el país suscrito al Tratado de la Carta de la Energía.

1.878 millones

Además de Renergy, existen otras 50 empresas internacionales que ya han denunciado a España por la retirada de las primas renovables con efectos retroactivos en 2014.

Del total, 26 procedimientos ya tienen un laudo final a favor de los inversores por un monto -en conjunto- de 1.562 millones de euros, al que se debe agregar 318 millones por intereses de demora, honorarios de abogados o condenas en costas, entre otros conceptos.

La deuda española alcanza los 1.878 millones de euros, una cifra que crece un ritmo de 100.000 euros diarios. El Gobierno de Pedro Sánchez persiste en su negativa a pagar, sosteniendo que los procesos arbitrales entre países de la UE van en contra del derecho comunitario.

Este escenario no solo posiciona a España por encima de Venezuela y Rusia en el ranking de impagos de sentencias de arbitraje, sino que ha causado que algunos acreedores afectados registren nuevos laudos en terceros países, como en Reino Unido, Australia, Bélgica, Estados Unidos y Alemania.

En Reino Unido, la justicia ha dado la razón a los afectados autorizando varios embargos de bienes españoles, mientras que Bélgica ya ha dado luz verde a la intervención preliminar de los pagos de Enaire, la empresa pública española que controla el tráfico aéreo.

Estados Unidos ha ratificado con un fallo reciente su capacidad de juzgar los impagos de España y tomar medidas de embargo en caso de que continúen produciéndose.

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