Caso Popular: un auto «minucioso y trabajado» para llegar más lejos que con la sentencia a Bankia 

El auto que el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, publicó el pasado lunes ha avivado un caso que aún tiene varios frentes abiertos. 14 directivos de primera línea de Banco Popular y de PricewaterhouseCoopers (PwC) se sentarán en el banquillo para conocer su futuro, el cual, a la vista de lo dictado por Calama, se antoja negativo. 

Al menos así lo creen diversos despachos de abogados que argumentan que, por la concisión, la cantidad de detalles y «lo bien trabajado» que está el auto «le dará mucha solvencia».  

José Luis Calama, que no ha escatimado en detalles en el documento judicial, carga contra la operativa de los directivos del Popular y los auditores de cuentas en la ampliación de capital de 2016, y les acusa de «perjudicar económicamente a los inversores«. 

El auto contra el Popular «parece una sentencia»

El magistrado describe el modus operandi de la directiva del Popular con tal detalle que varios abogados señalan que el auto parece más una sentencia. Calama asevera que la cúpula del banco extinto «alteró la verdad en las cuentas anuales» y señala a PwC de colaborar «conscientemente en el engaño» y de “ofrecer una imagen irreal de la empresa”.  

Jordi Ruiz de Villa, socio de Litigación Compleja de Fieldfisher, cree que el documento judicial está «muy trabajado» y precede de la «doctrina de Bankia». El experto considera que el auto del Popular está hecho de tal forma que los instructores han querido ir más allá de lo que lo hizo la sentencia contra el banco madrileño por su salida a Bolsa. 

En ese momento «no se escaló lo suficiente como para poder acreditar que los consejeros sabían que el banco estaba cometiendo una irregularidad», explica Ruiz de Villa. El experto indica que, con el auto del Popular, el juez ha querido ir más allá y ha «escalado para ver hasta qué punto el presidente del banco estaba informado» de las irregularidades contables. 

El abogado de Fieldfisher cree que el auto de Calama ofrece una «valoración muy desmenuzada» y es «minucioso», y, por ello, «le dará mucha solvencia».  

Otro despacho de abogados explica que el auto ofrece tantos detalles porque está armado de «mucha documentación» y asegura que el juez tiene «muy trabajado» el caso.  

La misma fuente agrega que el documento judicial contiene «pruebas numerosas y claves» en el caso y, por ello, «parece una sentencia». 

PwC, acusada de «desempeñar su función de manera descuidada» 

El juez de la Audiencia Nacional pone puntos sobre las íes en varios apartados del auto y afirma, por ejemplo, que «Banco Popular incumple la normativa contable y distorsiona las cuentas anuales». 

Calama señala con la misma firmeza señala a los auditores de las cuentas de 2016 de «contribuir eficazmente a distorsionar la imagen fiel del Popular». El auto incluye apartados en los que acusa a los responsables de auditar de las cuentas del banco, Pedro Barrios Luis y José María Sanz Almeda, de «desempeñar su función de manera descuidada». 

El magistrado considera que hay «una grave distorsión contable» en la ampliación de capital de 2016 y acusa de falsedad y estafa a Popular por dicho movimiento 

Ruiz de Villa apunta a este diario que «la prueba es muy profunda de que ha habido ocultación de información de forma deliberada y conocida por los órganos directivos».

PwC solo quería mantener al Popular como cliente, según Calama 

El juez señala en el documento judicial que PwC no pretendió obtener beneficio económico con la presunta manipulación de las cuentas de Banco Popular. El magistrado explica en el auto que los responsables de auditar las cuentas de la entidad financiera «actuaban en todo momento con el ánimo de mantener al Popular en la cartera de clientes de PwC«. 

«Se advierte que PwC aun cuando no obtuviera con esta actuación ilícita beneficio alguno, directo o indirecto, sí podría potencialmente alcanzar ventaja o provecho, asegurándose el mantenimiento de un cliente tan importante como el Banco Popular», descifra el auto de la AN. 

El auto acusa a PricewaterhouseCoopers de encubrir las cuentas falseadas del Popular en 2016, contribuyendo así al engaño a los accionistas que acudieron a la ampliación de capital de ese ejercicio. 

Calama agrega que «la actuación delictiva llevada a cabo por Pedro Barrio Luis y José María Sanz Olmeda tuvo lugar inequívocamente en beneficio de la mercantil PwC en cuyo nombre y al servicio actuaban en calidad de auditores». 

Por lo pronto, 14 directivos del Popular y PwC irán al banquillo. De haber una sentencia desfavorable para la cúpula del banco, Banco Santander pasaría a una primera plana al ser el responsable civil subsidiario y un potencial pagador de las indemnizaciones a los accionistas del Popular, si es que las hubiera.