El expresidente del Popular Ángel Ron vuelve a recurrir su procesamiento

Ángel Ron, expresidente del Banco Popular, ha vuelto a apelar su procesamiento por estafa y falsificación contable durante la ampliación de capital de 2016. El exdirectivo insiste en que tras la investigación realizada no hay pruebas de delito y que el banco cumplía con las regulaciones.

En marzo, Ron ya había presentado un recurso contra la decisión del juez José Luis Calama de llevarlo a juicio junto a otros doce directivos y a la consultora PwC.

En este nuevo recurso, presentado como una reforma y una apelación subsidiaria, Ron reitera sus argumentos anteriores y destaca que el juez ignoró los resultados de las diligencias realizadas, que sugieren la falta de relevancia penal de los hechos investigados y la falta de pruebas incriminatorias.

Los argumentos de Ron

De la instrucción se deduce «la ausencia de todo indicio de actuación delictiva», insiste el texto.

Durante su mandato como presidente del Banco Popular, la institución siempre mantuvo niveles adecuados de capital y liquidez, sin haber incurrido en incumplimientos regulatorios, afirma.

Las cuentas anuales de 2015, las últimas publicadas previas a la ampliación de capital en 2016, y las de 2016 “expresaron la imagen fiel de la entidad”, añade.

Ángel Ron destaca que el consejo de administración adquirió 390.346.952 acciones, incluyéndose él mismo entre los suscriptores con una participación de 487.933.690 euros, equivalente al 19,47% de las acciones emitidas.

«No tiene ningún sentido atribuir la elaboración y formulación de unas cuentas que el juzgado califica de falsas» cuando Ron, como otros consejeros, invirtieron gran parte de su patrimonio en la citada ampliación, continúa el escrito.

También ha asegurado que el «daño al accionista» de la entidad no derivó de la ampliación al capital, sino de «hechos posteriores relativos a la aparición de noticias y hechos relevantes», que motivaron la «retirada apresurada de depósitos y la consiguiente crisis de liquidez».

A su parecer tanto el auto por el que el juez propuso juzgarles como el que rechazaba su recurso carecen de «fundamento racional» y no se corresponden «con el resultado objetivo de las diligencias de investigación».

El papel de PwC

El prospecto de la ampliación de capital efectivamente indicaba que los fondos se destinarían a reforzar las provisiones contables de los activos del banco hasta un máximo de 4.700 millones de euros, con el fin de cubrir pérdidas de alrededor de 2.000 millones de euros mediante el aumento de capital para mantener la solvencia.

Además, la firma auditora externa del banco, PwC, explicó y justificó las discrepancias entre las previsiones incluidas en el documento de valores de la ampliación de mayo de 2016 y el cierre contable de ese mismo año, atribuyéndolas a factores ajenos a la gestión del Consejo y su presidente.

Los informes periciales elaborados por los inspectores del Banco de España confirman que no se detectaron irregularidades contables en los estados financieros de 2015 y 2016, los cuales reflejaron fielmente la situación de la entidad, un aspecto que el juez Calama no tuvo en cuenta al ordenar el procesamiento, precisa el documento.

El deterioro de los activos

En cuanto a las valoraciones en las que se basa el Popular para estimar el deterioro de los activos adjudicados, «no eran realizadas por la entidad sino por terceros expertos independientes», prosigue el texto.

De todo lo expuesto se desprende que Ron «sólo participó en la aprobación de la ampliación de capital, no teniendo competencia, conocimiento o intervención en el resto de los hechos que se investigaron», informa EFE.

Sus funciones como presidente del banco dependían «de la confianza en el cumplimiento por otros de sus propios deberes normativos», y conforme al principio de confianza «no se responde por la falta de cuidado ajeno, sino que el derecho autoriza a confiar en que los otros cumplirán sus deberes de cuidado», concluye el escrito.

En cuanto a las valoraciones, las cuentas consolidadas del Banco Popular cumplían con las normativas contables aplicables en cada ejercicio. El expresidente del banco subraya que la política contable de la entidad consistía en mantener las valoraciones actualizadas, criterio que fue respaldado y aplicado por el Banco Central Europeo y el Banco de España.