Gran Hermano en el régimen de Maduro: Telefónica notifica que los ‘pinchazos’ en Venezuela son 70 veces los de España

El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha redoblado el control sobre sus ciudadanos. Así lo evidencian los datos recogidos en los informes de transparencia en las comunicaciones publicados por la operadora móvil presidida por José María Álvarez-Pallete, donde se concreta que el número de accesos de clientes de Telefónica afectados por solicitudes de interceptación de comunicaciones formuladas por las autoridades en Venezuela es 70 veces superior al registrado en España.

En el transcurso de 2021, el último año en el que la compañía ofrece información sobre Venezuela, 22.862 accesos estuvieron afectados por este tipo de requerimientos en España, mientras que la cifra en el país sudamericano superó los 1,58 millones.

Los accesos afectados en Venezuela rozan los 1,60 millones

Las solicitudes de interceptación en el país gobernado por Nicolás Maduro han ido escalando con el paso de los años. Mientras que en 2019 se registraron 651.446, en 2020 la cifra repuntó hasta las 736.498 y se disparó hasta las 861.004 peticiones en 2021.

En cuanto a la cantidad de solicitudes rechazadas o atendidas parcialmente por no ajustarse a la legislación, no contener todos los elementos necesarios o porque era técnicamente imposible, se situaron en 2021 en las 21.601, frente a las 15.934 de 2020 y las 6.617 de 2019.

La misma tendencia al alza se observa en el caso de los accesos afectados. De los 1,21 millones afectados en 2019, el resultado creció hasta los 1,40 millones en 2020 para acabar rozando los 1,60 millones en 2021.

La compañía del sector de las telecomunicaciones tiene presencia desde 2005 en Venezuela, donde ofrece servicios de internet móvil, televisión satelital y telefonía móvil y fija. Los ingresos de la operadora en 2021 se situaron en los 82 millones de euros y el OIBDA en los 40 millones de euros.

Cerca de 23.000 solicitudes de interceptación en España

Las cifras alcanzadas en el país latinoamericano distan de las marcadas en España, donde se evidencia una tendencia a la baja desde 2019, cuando se registraron 34.984 solicitudes de interceptación. En los años posteriores se observan descensos hasta alcanzar las 30.047 peticiones en 2020 y las 22.862 en 2021.

En el caso de España, donde sí existen datos para 2022 y 2023, se aprecia una estabilización. Después de que los requerimientos decrecieran hasta los 22.029, en 2023 se ha registrado un discreto incremento hasta los 22.068.

Poniendo el foco sobre el número de accesos afectados, experimentan un aumento desde los 14.215 en 2019 hasta los 25.447 en 2020. Sin embargo, en 2021 la cifra se redujo hasta los 22.053 y en 2022 se desplomó hasta los 8.597, si bien en 2023 marcó un ligero avance hasta los 8.871.

«Pueden existir variaciones notables en los datos de cada uno de los indicadores tanto respecto a años anteriores como entre los países que suelen ser debidos por razones técnicas, metodológicas o legislativas«, advierte la operadora móvil para después recalcar que no se trata de datos auditados.

Cabe recordar que la operadora gestionaba en España cerca de 41 millones de accesos el año pasado, entre telefonía fija, telefonía móvil, banda ancha fija y televisión de pago. Además, obtuvo unos ingresos por operaciones de 12.654 millones de euros y una ganancia operativa antes de depreciaciones y amortizaciones (OIBDA) de 3.229 millones de euros.

Las autoridades que pueden solicitar la interceptación de una comunicación en el España son los jueces de los juzgados de instrucción, si bien en casos excepcionales puede hacerlo el Ministro del Interior o el Secretario de Estado de Seguridad, pero también el Gobierno en supuestos que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional.

Obtención de metadatos y restricción de contenido

El informe de 2023 ofrece recoge otros indicadores en el caso de España, más allá de la interceptación de comunicaciones. Por ejemplo, las solicitudes para obtener metadatos asociados a las comunicaciones, una petición que ha de formalizar un juzgado, la policía judicial o el ministerio fiscal.

Mientras que en 2021 se tramitaron 11.910 peticiones, en 2022 la cifra creció hasta las 140.956 y en 2023 alcanzó las 175.400 solicitudes. La compañía atribuye este acenso al nuevo sistema de envío de mandamientos de las autoridades competentes, en el que las peticiones se contabilizan individualmente, a diferencia del anterior en el que un mandamiento podía contener varias solicitudes.

La operadora móvil concreta que el número de solicitudes rechazadas fue de 7.829, si no revela la cantidad de accesos afectados, puesto que «la naturaleza de ciertos requerimientos y la configuración de las herramientas no permiten aportar el dato».

En cuanto al bloqueo del acceso a un sitio web y la restricción de contenidos, se especifica que debe ser solicitado por los juzgados mercantiles, civiles, contencioso-administrativos y penales, pero también la Comisión de Propiedad Intelectual, la Dirección General del Juego y la Agencia Española del Medicamento y productos sanitarios.

Al comparar el dato correspondiente a 2023, de 268 solicitudes, con los registrados en años anteriores también se aprecia un incremento. Tal y como muestra la información de la compañía del sector de las telecomunicaciones, el número de solicitudes en 2021 fue de 188 y en 2022, de 242. En conjunto, se cifran cerca de 14.000 URL afectadas y se especifica que se han rechazado tres peticiones.

La mayoría de las peticiones para bloquear sitios web o restringir contenido tenían que ver con la propiedad intelectual, con 221 solicitudes y 10.704 URL afectadas. A continuación se sitúan las peticiones relacionadas con delitos, con 28 solicitudes y 36 URL afectadas; con medicamentos, con 7 solicitudes y 55 URL afectadas, y con el juego ilegal, con 11 solicitudes y 3.323 URL afectadas.