Pimec usa la guerra con Foment para ganar dinero, según la justicia

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha vuelto a dar la razón a Foment del Treball en su guerra con Pimec por la representación de las organizaciones empresariales catalanas y ha desestimado los recursos de la patronal de pymes y del Govern contra la suspensión del decreto que reordenaba la representatividad empresarial en Cataluña.

En el auto, al que ha tenido acceso Economía Digital, el TSJC carga con dureza contra Pimec, a la que acusa de vestir de interés público lo que considera interés principalmente económico. La organización de pymes siempre se ha manifestado en contra del reparto original de la representatividad –75% para Foment y 25% para Pimec–, y con más ímpetu tras la inclusión de Fepime, también por parte del TSJC y por silencio administrativo.

El Govern, con el ex consejero de Empresa, Felip Puig, tomó partido, dejando a Fepime otra vez fuera de las mesas de negociación y pidiendo a las organizaciones que demostraran su representatividad. Mientras tanto, Foment y Pimec iban a tener el 50% cada una. Foment recurrió y el TSJC suspendió cautelarmente el decreto, decisión en la que ahora se ha reafirmado con la desestimación de los recursos de Pimec y la Generalitat.  

Intereses particulares  

Los argumentos del juez en el auto, emitido el 1 de julio, para desestimar dichos recursos no tienen desperdicio. Por un lado, considera que la suspensión del decreto no altera el statu quo, ya que las tres organizaciones con representatividad –las dos en conflicto y Fepime, que agrupa las pymes de Foment–, no la pierden.  

Pero el toque de atención a Pimec viene cuando se refiere al interés público aducido por la patronal que preside Josep Gonzàlez. Según el juez, la organización «está poniendo en evidencia que su interés es primordialmente económico», por lo que «su consideración como interés público resulta difícilmente justificable».  

Esta consideración viene porque la patronal argumenta la importancia de fijar de una vez por todas la representatividad para, entre otras cosas, determinar «el reparto del dinero público». Las patronales, así como también los sindicatos, reciben dinero por cada miembro que tienen en órganos como el consejo del servicio de empleo catalán.

El auto también desmonta los argumentos de la Generalitat, y también respecto al interés público de la cuestión. Éste «se encuentra extraordinariamente difuminado», según el TSJC, porque de las tres organizaciones que participan en la concertación social, sólo una no está de acuerdo con el reparto. Además, remata, la patronal disconforme sólo tiene un 25% de representatividad.

El conflicto sigue abierto

La decisión del TSJC no cambia el estado de la guerra patronal, que continúa abierta, pero supone un nuevo espaldarazo a la ambición de Foment de mantener su posición de dominio entre las patronales catalanas.

La organización presidida por Joaquim Gay de Montellà ha dejado de formar parte de los consejos del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), entre otras mesas de concertación, como protesta por el reparto. Aunque el Govern de Puigdemont intentó arreglar el entuerto de Puig, no ha conseguido contentar a Foment.

La consellera de Treball, Dolors Bassa, pidió a las patronales que se pusieran de acuerdo sobre la representatividad y, como reparto provisional, estableció cuotas iguales, pero incluyendo a Fepime. Es decir, del 33% para cada una. Para Foment, no existe razón por la que, mientras se decide el reparto, no se deba continuar con el 60-25-15 establecido tras la entrada de Fepime.