Pimco dice en el juicio por el Popular que fue estafado como lo fue Santander en el caso Madoff

La gestora Pimco y otros grandes fondos requieren que Santander sea condenado como responsable civil en el caso Popular y reclaman más de 2.000 millones.

Antigua oficina de Banco Popular. EFE/César Cabrera

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La gestora de fondos estadounidense Pimco, una de las mayores del mundo, asegura que, en el caso Popular, fue estafada como lo fue Santander en el caso Madoff.

La representación legal (SLJ Abogados) de los fondos internacionales afectados por la caída del Popular -Pimco, Anchorage, Algebris, Mediobanca y Polus– saca la artillería pesada en su escrito de apertura de juicio oral enviado al Juzgado Central de Instrucción numero cuatro de la Audiencia Nacional hace unas semanas.

Los fondos, los bonistas del Popular, reclaman que Santander, también la antigua auditora del Popular, PwC, responda a título lucrativo de forma directa y solidaria con los acusados que fuesen condenados «con el límite de lo que se ha aprovechado en la adquisición de Banco Popular, que se cifra en 2.000 millones de euros».

Se trata del importe, sostienen, de los bonos y obligaciones del Popular «que fueron amortizados en la compraventa de la entidad a Banco Santander por precio de un euro».

También requieren que Santander, como sucesora universal de Banco Popular, responda solidariamente del importe de los daños ocasionados por la comisión de delitos ejecutados por Ángel Ron, «en aplicación del contenido de la cláusula novena» del contrato de Presidencia suscrito entre el expresidente y la entidad.

Ana Botín informando ante los medios de la compra de Banco Popular por Banco Santander. EFE
Ana Botín informando ante los medios de la compra de Banco Popular por Banco Santander, en 2017. EFE

En su escrito presentado al juez instructor del caso, José Luis Calama, los fondos atacan con contundencia los dos principales argumentos esgrimidos por el Santander para evitar ser condenado como responsable civil. El mayor banco español llega a decir en su escrito al juez que figurar en el proceso penal del caso Popular vulnera la Constitución, como ha publicado este diario.

Por un lado, Santander esgrime que siendo Pimco o Algebris inversores especializados debían conocer el riesgo de invertir en Popular.

Por otro lado, el banco presidido por Ana Botín sostiene que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 5 de mayo de 2022 exime a la entidad de toda responsabilidad civil en el caso Popular.

Caso Madoff

Los fondos advierten al juez en su escrito que Banco Santander ha sugerido que no merecen la tutela del derecho penal «por su condición de inversores avezados y con capacidad de anticipar (o más bien adivinar) cualquier posible escenario desfavorable».

La tesis del Santander, dicen, es «insostenible«, ya que, recuerdan, «cualquier comportamiento fraudulento está diseñado para ocultar el acto y sus efectos a cualquier tercero». A continuación, los fondos asestan un golpe al Santander donde más le duele.

Bernard Madoff.

«La experiencia histórica», señalan, «demuestra que cualquier inversor puede ser engañado, aunque tenga gran experiencia en la realización de inversiones».

Y añaden que esto es algo que sabe «perfectamente» Santander, «que fue víctima la mayor estafa piramidal de la historia urdida por el Sr. Bernard Madoff a quien confió fondos de algunos de sus más importantes clientes por importe de 2.300 millones de euros».

«Dicho fraude se prolongó nada menos que 20 años, y los avezados y experimentados directivos de Banco Santander nunca se percataron de lo que estaba sucediendo hasta que la SEC, el organismo supervisor de los mercados de Estados Unidos, descubrió dicha estafa piramidal».

Sentencia del TJUE

Los fondos defienden que la sentencia del TJUE de 5 de mayo de 2022 no es aplicable a la causa del Popular.

La sentencia en la que el tribunal europeo declaró que Santander estaba exento de toda responsabilidad civil por las pérdidas sufridas por los accionistas del Popular derivadas de las declaraciones incorrectas o engañosas realizadas por la entidad en el folleto para su ampliación de capital de 2016, es insistentemente empleada por el primer banco español en su defensa en el caso Popular.

Gran sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Foto TJUE
Gran sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Foto TJUE

Pero los fondos sostienen que las consecuencias procesales de esa sentencia europea no son aplicables sobre aquellos «que pudieran resultar perjudicados como resultado de conductas delictivas cometidas por una persona jurídica posteriormente transformada«.

Y recuerdan que ya el juez del caso Popular, en auto fechado el 5 de octubre de 2022, desestimó recurso de apelación presentado por Santander contra el auto que mantenía la legitimación del banco como posible responsable civil, con argumentos que deberían seguir prevaleciendo.

El juez José Luis Calama dictó auto de apertura de juicio oral por el caso Popular el pasado 22 de noviembre contra los acusados y responsables civiles, entre ellos Santander.

Las partes acusadoras han solicitado indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil por un importe total de 2.277,65 millones de euros. Después de que el pasado 4 de febrero venciera el plazo dado para presentar los escritos de defensa, el procedimiento pasa a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para la celebración del juicio oral.

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