Las pequeñas comercializadoras temen que Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol acaparen más mercado con la nueva ley

Las comercializadoras de energía independientes temen que la nueva regulación que está por llegar cuenta con algunos puntos que pueden hacer engordar la cuota de las grandes compañías como Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol, que acaparan la mayor parte del mercado.

El proyecto de Real Decreto que prepara el Gobierno para actualizar la normativa sobre suministro, contratación y comercialización incluye novedades como la prohibición de contratar vía telefónica, la figura del agregador independiente, requisitos de solvencia o garantías de hasta 300.000 euros.

El punto más criticado desde las asociaciones del sector es el de la prohibición de realizar llamadas para ofrecer servicios energéticos. «Lo que se está haciendo es restringir una posibilidad que es tan lícita como otra cualquiera», explica Víctor Hernández, presidente de la Asociación de Comercializadores Independientes (Acie).

«Utilizamos el canal telefónico por una razón económica pura y dura. Iberdrola o Endesa pueden tener millones de euros destinados a publicidad, mientras que ciertas comercializadoras independientes no pueden llegar porque focalizan esos esfuerzos en la generación de un precio mucho más competitivo y que es más beneficioso para el competidor. ¿De qué manera lo promocionas? Pues vía telefónica», añade.

En esta línea, hace un llamamiento a «no demonizar» esta actividad y en lugar de prohibir por ley las llamadas regular de manera efectiva a los call center.

«Hemos propuesto la creación de un código de buenas prácticas para que todos podamos dar un servicio de calidad y restringir la entrada a ciertas empresas de telecomunicaciones que realmente no quieren hacer las cosas bien«, asegura Hernández.

En cualquier caso, desde la asociación creen que de materializarse la prohibición podría hacer que las grandes energéticas acumulen aún más cuota de mercado.

«Ya existe una concentración del mercado bastante grande. El top cinco de comercializadoras en España están a un nivel de cartera de clientes muy diferente y es difícil pensar que se puede competir con ellas. Esto va a consolidar la cuota de las incumbentes, lo cuál creemos que es totalmente contrario a lo que el Ministerio de Transición Ecológica quiere», indica.

Requisitos de solvencia y garantías de hasta 300.000 euros

Otra de las novedades que incluye el proyecto de Transición Ecológica tiene que ver con los requisitos financieros para poner a prueba la solvencia de las comercializadoras.

Las empresas deberán contar con un capital social «suficiente» para garantizar el inicio de la actividad en condiciones de solvencia económica. La CNMC, de hecho, sugiere que esta cifra sea de 100.000 euros, tal y como ocurre en otros países europeos como Portugal.

Por otro lado, la ley exigirá a las comercializadoras que depositen avales de hasta un máximo de 300.000 euros. Las empresas recaudan en las facturas de sus clientes los peajes (que sirven para financiar la distribución y el transporte) y los cargos (costes de las antiguas primas de las renovables, la deuda eléctrica pendiente o las subvenciones a las islas).

En caso de impago, es el sistema eléctrico el que se hace cargo de ellas y las comercializadoras acaban inhabilitadas o quebrando. Con estos avales, la situación cambia, si bien solo podrán ser ejecutados por los gestores de las redes “en concepto de pago de peajes de acceso a las líneas de distribución y transporte y los cargos».

Desde Acie creen que debería haber una cámara de compensación central en la que puedan depositar estas garantías.

«No tiene sentido con la cantidad de distribuidoras que hay en España que nosotros depositemos en cada una de ellas y luego sea un auténtico lío la devolución de las mismas cuando finalizan contrato de suministro», señala Hernández.

El presidente de la asociación cree que es «una concepción errónea» porque el Ministerio entiende que quien impaga los peajes son las comercializadoras y no el consumidor.

«Nuestras comercializadoras son históricas pagadoras de peajes y de hecho nosotros financiamos esta parte al consumidor. Incluso antes de haber recibido el pago de la factura completa por parte del consumidor, asumiendo ese riesgo de impago, ya estamos pagando ese peaje a la empresa distribuidora», sentencian desde Acie.

La figura del agregador

La ley que prepara Transición Ecológica también añade una novedad que no se libra del debate, como es la figura del «agregador independiente».

Se trata de un intermediario entre pequeños productores y sistemas de almacenamiento que suministran con electricidad a la red o excedentes del autoconsumo, parecidos a las comercializadoras tradicionales.

Aunque las pequeñas empresas del sector consideran positivo que exista este modelo de compensación, también creen que hay conceptos que el ministerio se deja por el camino como el de concentración financiera.

«Imagina que ofertamos un precio fijo a un consumidor y, debido a la acción del agregador independiente, este usuario consume menos en una hora ‘x’. ¿Qué sucede? Nosotros ya hemos hecho una previsión de compra en el mercado para esa hora y si el consumidor no lo consume, se nos liquidan una serie de desvíos. Entonces necesitamos una compensación», explica el presidente de Acie.

«Lo que pedimos no es ganar dinero con esta figura del agregador, sino quedarnos neteados, no sufrir ningún tipo de daño. Que exista una compensación del 100%, una corrección del desvío al 100% y que dicha compensación englobe la parte de la energía comprada y no suministrada como toda la estrategia de coberturas que subyace a la oferta de precio a ese cliente», concluye.