Navantia, FIAPP y otros organismos públicos revisan sus contratos con González Cueto por el caso Rubiales

Navantia, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración Políticas Públicas, Ayuntamientos y otros organismos públicos o vinculados a la Administración revisan los contratos que han tenido o mantienen con el despacho de Tomás González Cueto, el abogado detenido por el caso Rubiales en la investigación abierta sobre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

González Cueto fue una de las personas detenidas el miércoles en las actuaciones llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que investiga presuntos delitos en los contratos de la Supercopa en Arabia.

A través de su despacho, GC Legal, el abogado y mano derecha de Rubiales ha logrado en los últimos años numerosas adjudicaciones de contratos públicos con todo tipo de organismos.

El despacho de González Cueto, que trabajaba para la RFEF como asesor legal externo, cobrando entre 200.000 y 300.000 euros al año, según distintas publicaciones, ha tejido una red de pequeños contratos aprovechando la experiencia del letrado en asuntos públicos y sus contactos con la Administración.

González Cueto, Abogado del Estado, fue Secretario General y del Consejo de Navantia entre 2006 y 2007, antes de fundar, en 2017, su despacho en Madrid. La empresa pública española dependiente de la Sepi ha contratado los servicios del abogado leonés así como los astilleros IZAR, en liquidación.

En noviembre de 2021, el despacho de González Cueto se adjudicó la mayor parte de un contrato de Navantia para defender al grupo ante demandas de empleados afectados por abestosis, con un importe total cercano a los dos millones de euros, prorrogable por otros tres ejercicios.

La compañía pública dependiente de la Sepi explicó el jueves a este diario que, efectivamente, CG Legal se adjudicó dicho contrato, pero que al primer año ya no se renovó. El despacho CG Legal, con el que también contactó este periódico, declinó hacer comentarios.

La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración Políticas Públicas, institución pública dedicada a la cooperación internacional, adjudicó un contrato de 7.760 euros al mismo despacho en 2020. El organismo, con el que trató de ponerse en contacto el jueves este diario, ha precisado hoy viernes que el contrato finalizó en mayo de 2022, sin prorrogarse.

El bufete ha asesorado, o sigue haciéndolo, a los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid de Collado Villalba, Lozoyuela, Manzanares El Real, Morata de Tajuña o Robledo de Chavela; también al Colegio de Estomatólogos y Odontólogos de Madrid, e incluso al Sindicato Unión de Policía de Madrid.

Tomás González Cueto ha llegado a ser el asesor legal del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo creado por el Ministerio de Hacienda y que vela por el acceso a la información pública.

De acuerdo a la documentación disponible en la Plataforma de Contratación Pública, el despacho GC Legal se adjudicó dos contratos del organismo público valorados en total en cerca de 100.000 euros, entre mediados de 2021 y septiembre de 2023.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno indicó ayer jueves a este diario que el contrato se había renovado y adjudicado a otro despacho recientemente, y que la adjudicación anterior al bufete de González Cueto siguió todos los cauces legales previstos, compitiendo este con otras empresas interesadas.

El organismo explicó que está obligado a contratar a asesores legales externos al entrar su operativa en ocasiones en conflicto con los intereses de la Administración o los Ministerios.

González Cueto fue entre 2002 y 2006 Abogado del Estado ante el Tribunal Supremo. Ha sido Director General de Política Legislativa y Cooperación Jurídica Internacional en el Ministerio de Justicia y Secretario General Técnico en los Ministerios de la Presidencia, de Educación y Cultura y de Administraciones Públicas, entre otros cargos públicos.