El Tribunal de Cuentas lleva una década sin fiscalizar la mutualidad de los funcionarios, Muface, en situación crítica después de que las aseguradoras que ofrecían el servicio de atención médica hayan amagado con dejar el concierto por las pérdidas que, aseguran, les ocasiona.
El órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público lleva desde 2015 sin analizar la actividad de Muface.
El último informe que publicó el Tribunal de Cuentas fue sobre las prestaciones por incapacidad del Régimen de Mutualismo Administrativo gestionado por Muface.
Desde entonces, el tribunal no ha vuelto a publicar informe alguno sobre la mutualidad de los funcionarios, a pesar de que con anterioridad a 2015 solía hacerlo cada pocos años.
De acuerdo a los datos del Tribunal de Cuentas publicados en su web, durante este siglo el organismo ha publicado informes sobre Muface, además de en 2015, en los años 2012, 2008, 2005, 2002 y 2000.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, al frente de Muface.
Desde el Tribunal de Cuentas se ha indicado a este diario que el Pleno, de forma colegiada, «aprueba cada año el Programa de fiscalizaciones en base a unos criterios y prioridades».
En su último informe sobre Muface, de 2015, el Tribunal de Cuentas fiscalizó las prestaciones por incapacidad gestionadas por el ente dependiente del Ministerio de Función Pública (incapacidad temporal derivada de enfermedad; de riesgo durante embarazo y lactancia; remuneración de la persona encarga de la asistencia; indemnizaciones por lesiones).
Y entre sus conclusiones advirtió que el grado de ejecución de los proyectos relacionados con estas prestaciones «pone de manifiesto que no han resultado ser un instrumento de planificación eficaz (…)».
«Muface carece de un control que le permita detectar la existencia de mutualistas que han solicitado y perciben una prestación de Incapacidad Temporal«, señalaba el mismo informe. A pesar de todo, el tribunal concluía que la situación analizaba había mejorado respecto a su anterior análisis.
En el primer informe publicado por el Tribunal de Cuentas sobre Muface este siglo, en el año 2002, con datos de 1997, se daban cuenta de factores que hoy en día se siguen debatiendo sobre el concierto con las aseguradoras privadas.
En ese análisis, el tribunal advertía que en 1997 se estableció un nuevo concierto con las aseguradoras privadas, atendiendo ese año Muface a 1,6 millones de personas.
«Muface no lleva a cabo un adecuado análisis ni una evaluación de los servicios de asistencia que prestan las entidades privadas y la Seguridad Social», advertía el informe del Tribunal de Cuentas, «y se limita a resolver las reclamaciones que, en su caso, realizan los beneficiarios».
En relación con las ayudas económicas de la prestación de asistencia sanitaria «se han detectado considerables retrasos» en la imputación de esos gastos en los resultados del ejercicio, señalaba.
El Tribunal de Cuentas ha planteado para este año un programa en el que se prevén 111 fiscalizaciones, entre las que figuran 14 actuaciones directamente relacionadas con «la ejecución de las grandes políticas públicas como educación, sanidad, inmigración o vivienda».
Muface, nueva licitación
La licitación del nuevo concierto de Muface en España debe quedar resuelto la próxima semana, después de que el Gobierno mejorara las condiciones con un presupuesto de 4.429 millones de euros.
Por el momento, la aseguradora Adeslas ya ha confirmado que asistirá a la licitación, y también se da por hecha la participación en el mismo de Asisa, que desde un principio ha tratado de salvar el concierto.
La otra aseguradora que hasta ahora prestaba el servicio, DKV, analiza todavía la posibilidad de presentarse de nuevo. El grupo Mapfre también ha admitido estar estudiando las nuevas condiciones del concierto.
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