Movistar, Vodafone y Orange se refugian en la administración

En un momento en el que las compañías telefónicas advierten de un estancamiento en la línea principal de su negocio, cualquier alternativa para diversificar la fuente de facturación es positiva. Así, sin dejar de lado el mercado residencial, los grandes contratos con la administración pública y las grandes empresas son un buen balón de oxígeno: Telefónica se hizo con el grueso del concurso de la administración en septiembre, Vodafone ha ido sumando grandes clientes hasta ganar 1 de cada 3 euros desde estas cuentas y Orange anunció esta semana nuevas incorporaciones a su cartera. 

Telefónica no da datos sobre quiénes son sus grandes clientes, pero a lo largo del año se ha llevado el gato al agua en varios concursos públicos. El más suculento y reciente se remonta a septiembre, cuando se anunció que la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete se adjudicó el grueso de las comunicaciones del Estado por 134,2 millones.

Este gran contrato, que no se renovará hasta pasado los próximos cuatro años  — con posibilidad de 18 meses adicionales de prórroga — , da como resultado que el primer operador español sea el adjudicatario de dos lotes de red corporativa de datos y de servicio de telefonía fija en la para la contratación de los servicios consolidados del Estado. 

La adjudicación afecta a 85 organismos de la administración central, está impulsada por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) y  se enmarca dentro de la estrategia contratar las telecomunicaciones de manera centralizada para mejorar la eficiencia de la actividad pública.

Telefónica fue el gran vencedor del contrato para tener los servicios de telecomunicaciones del Estado

Pero los grandes contratos de Telefónica no se terminan ahí. La compañía se ha quedado también con el servicio del 017, el número de ayuda en materia de ciberseguridad. Este número es el que a partir del 11 de febrero de 2020 centralizará el servicio de atención ciudadana gratuita en cuestiones de ciberseguridad, que habrá de ser también accesible a través de mensajes cortos de texto y multimedia.

En materia de administraciones locales, la compañía se hizo con el megacontrato del Ayuntamiento de Madrid. Se quedó con la gestión de los datos, la de las 1.900 líneas móviles, la voz y el acceso a internet del consistorio. Todo ello supone ingresar aproximadamente 40 millones de euros durante los próximos cuatro años.

Vodafone se queda con el negocio móvil

Vodafone también se ha hecho con parte del lote de la administración central, hasta el punto de que ésta, junto a las empresas, supone un tercio de la facturación de la compañía en el mercado nacional.

Volviendo a la concesión del CORA, la compañía británica se hizo con toda la parte móvil, lo que supone prestar servicios a 38.500 líneas públicas, suministrará 34.000 dispositivos y ofrecer gestión integral de la movilidad corporativa. Ese paquete tiene un valor superior a los 10,3 millones de euros.

«Vodafone lleva de esta manera el potencial del 5G a la administración pública, al ser el único operador que ofrece esta tecnología en nuestro país. El informe de valoración de la oferta presentada destacó por su alto rigor técnico y la calidad de los servicios ofertados, así como la consideración de la red móvil de la operadora como la mejor del territorio español», explicó la compañía dirigida en España por Antonio Coimbra.

La adjudicación más reciente ha sido la de los servicios de telecomunicaciones de la Guardia Civil. Ganó el contrato de líneas móviles de la Benemérita, que incluyó 70.000 líneas de voz y datos móviles por un importe de más de 11 millones de euros durante los próximos cinco años. 

Orange: del Tribunal de Cuentas a la Agencia Tributaria

Orange también sigue engordando su cartera de clientes en la administración pública. La compañía informó esta semana de la reciente adjudicación de servicios de comunicaciones del Tribunal de Cuentas, el Senado y la Agencia Tributaria, con los que suma conjuntamente más de 2 millones de euros.

Joaquín Colino, director de Grandes Empresas de Orange, explicaba al respecto que «estos contratos son el reconocimiento a nuestra apuesta por las administraciones públicas y a la calidad de las soluciones que ofrecemos sobre una red robusta y dedicada».

«Desde Orange hemos superado ampliamente estos requisitos con soluciones técnicas diferenciales y las más altas valoraciones, lo que nos ha llevado a duplicar el número de organismos en este sector a lo largo de 2019», añadió Colino.

Orange suma más de dos millones de euros con sus contratos con la Agencia Tributaria, el Senado y el Tribunal de Cuentas

La filial española de la compañía francesa es también el proveedor de los servicios de comunicaciones corporativas del Tribunal de Cuentas (con un contrato de 1,32 millones de euros) y ofrecerá a esta institución servicios digitales focalizados en soluciones de comunicaciones unificadas de voz y vídeo.

El Senado también ha contratado con Orange sus principales servicios móviles. El importe: 740.622 euros. La compañía ofrecerá conectividad móvil de alta velocidad en la Cámara Alta y se hará cargo del servicio de envío masivo de SMS y servicio de conectividad IoT (internet de las cosas).

Por último, Orange ha resultado adjudicataria de un contrato por valor de 200.000 euros con la Agencia Tributaria. El acuerdo con Hacienda incluye la proporción de servicios fijos de telecomunicaciones, así como de seguridad.

Estancamiento de los ingresos

Las recientes adjudicaciones se enmarcan en un contexto en el que el negocio residencial de las compañía de telecomunicaciones no da tantos frutos como antaño. Telefónica lleva desde la segunda mitad de 2017 con una facturación en torno a 3.800 millones de euros, Orange en España se sitúa en la horquilla de entre los 1.300 y los 1.400 millones y Vodafone, que se ha reposicionado en el mercado nacional tras abandonar el fútbol, afronta una caída de ingresos desde 2016.

Nicolás López, socio de la consultora KPMG, analizaba hace dos semanas en un artículo qué factores propiciaban este escenario. Y detectaba fundamentalmente dos: la irrupción de operadores convergentes dirigidos al segmento de clientes de bajo coste — MásMóvil o Digi son dos claros ejemplos —  y la reducción de los ingresos por la venta de terminales móviles, teniendo en cuenta que ya no compiten solo entre ellas, sino contra distribuidores como El Corte Inglés o Mediamarkt.

La previsión de futuro no es positiva, sobre todo con la necesidad añadida de acometer grandes inversiones en los próximos años. Es algo de lo que también informó recientemente la agencia de calificación crediticia Moody’s, que empeoró de estable a negativa su perspectiva para el sector de las telecomunicaciones en Europa y también en Oriente Medio y África (EMEA).

«La perspectiva de los proveedores de servicios de telecomunicaciones en EMEA ha bajado, ya que los ingresos han dejado de subir, el crecimiento económico se ha ralentizado y son necesarias inversiones para los servicios de 5G y la fibra», señaló Moody’s en un comunicado.