Montero dice que aún no ha decidido cómo se pagará la entrada de la SEPI en Telefónica

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que aún no se ha concretado como se financiará la compra de hasta un 10% de Telefónica, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). «Ya veremos cuándo es el momento, cuando se abre lo que llaman los inversores la ventana de oportunidad», ha ahondado para después recalcar que este tipo de operaciones «ni se anticipan ni se avisan».

A ojos de la titular de Hacienda la decisión no solo supone un «movimiento inteligente» sino que también se sitúa en la línea de la estrategia emprendida por otros países europeos. Para defender este argumento ha puesto como ejemplo Alemania, Francia e Italia, unas regiones en las que las «empresas estratégicas son protegidas» por el Estado, según ha remarcado Montero a lo largo de una entrevista en la agencia EFE.

«Si el sector tecnológico es un sector prioritario para el conjunto de los fondos de inversión, es lógico que los países quieran proteger los intereses de su defensa nacional», ha profundizado antes de volver a insistir en que este posicionamiento comporta la «participación de los Gobiernos» dentro de este tipo de compañías.

Para Montero, la entrada del Gobierno en el accionariado de las empresas tecnológicas «es una garantía». Después de enfatizar que este tipo de operaciones son vistas con buenos ojos por parte de los inversores, ha recordado que las acciones de la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete se revalorizaron tras el anuncio por parte de la SEPI.

Un «accionista más» en una empresa «estratégica»

También ha querido aclarar que la intención del Ejecutivo no es convertirse en el «principal accionista» en la compañía española de telecomunicaciones sino ser «un accionista más» en una empresa, que ha definido como «estratégica». Con esta operación, ha subrayado, el Gobierno se propone «preservar los intereses de país que están muy vinculados a la defensa nacional«.

Con todo, ha querido dejar bien claro que el caso de Telefónica es «muy singular», a la vez que ha rechazado con vehemencia la posibilidad de que el Estado compre participaciones en empresas privatizadas, como reclamaron formaciones como Sumar y EH Bildu. Cabe recordar que el anuncio por parte del Gobierno llegó después de que la empresa saudí de telecomunicaciones STC Group anunciara que había adquirido una participación del 9,9% de la operadora por 2.100 millones de euros.

En el caso de que el Ejecutivo acabe haciéndose con el 10% de Telefónica se convertiría en el accionista mayoritario dentro de la operadora móvil. Así, pasaría por delante de STC, pero también de BBVA, que controla el 4,87% del capital de la compañía; el fondo BlackRock, que posee el 4,48% y Caixabank, que cuenta con un 3,5%, si bien Criteria se encuentra en posesión del 3,53% restante.

El coste de las medidas antiinflación escala a 5.350 millones

El último paquete de medidas para combatir la inflación ha sido otro de los asuntos abordados por Montero, quien ha cifrado el coste de esta iniciativa en unos 5.350 millones de euros. La vicepresidenta primera se ha mostrado convencida que las medidas encajan con el compromiso de recortar el déficit público al 3% del Producto Interior Bruto (PIB) el próximo año.

En esta línea, ha defendido que la consolidación fiscal es compatible con la política de protección social aplicada por el Ejecutivo, ha indicado que el margen fiscal permite continuar «por un tiempo» con unas medidas que han sostenido las rentas en un entorno de precios elevados y mantener así una política que ha permitido «que el crecimiento económico no se pare».

Entre las medidas recogidas en el paquete antiinflación se encuentra la extensión de las bonificaciones al transporte público o la supresión del IVA para los alimentos básicos o situado al 10% en el caso de la electricidad.