Primer revés para Milei: Estados Unidos obliga a Argentina a pagar los 16.100 millones por YPF

La Juez de Nueva York no atiende la solicitud de Argentina de ampliar el plazo para pagar los 16.100 millones y abre la puerta a embargos.

Javier Milei jura como presidente de Argentina. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

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La Juez Loretto Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que en septiembre condenó a Argentina a pagar una indemnización de 16.100 millones de dólares por la expropiación irregular de la petrolera YPF, no ha atendido a la solicitud del país de ampliar el periodo de presentación de garantías, que finalizaba el 10 de enero.

En una decisión judicial a la que ha tenido acceso este diario, la magistrada advierte que Argentina ha tratado en todo momento de demorar la presentación de las garantías necesarias y obliga al país a iniciar los pagos.

La decisión de la magistrada supone que los acreedores de YPF, entre ellas las sociedades españolas de la familia Esquenazi, que tenían un 25% de YPF, puedan embargar bienes millonarios al país.

El nuevo Gobierno de Javier Milei recibe así su primer gran revés. La nueva Administración había tratado de que la Justicia estadounidense ampliara los plazos impuestos para cumplir con la sentencia histórica del pasado mes de septiembre, pero los argumentos esgrimidos no han convencido a la Juez Preska.

En la primera entrevista concedida por el Presidente de Argentina en la Casa Rosada, este llegó a sugerir que crearía un nuevo impuesto para pagar los 16.100 millones de dólares requeridos.

Pero ahora, la decisión de la Juez Loretto Preska de obligar ya al país al cumplimiento de la sentencia, deja a Argentina en una situación crítica para atender las reclamaciones de los acreedores.

«Argentina no ha hecho ningún esfuerzo» por cumplir con la sentencia del pasado mes de septiembre, dice la Juez

«Han transcurrido casi cuatro meses desde que se dictó la sentencia de 15 de septiembre de 2023«, dice la Juez. «Durante este tiempo, la República ha tomado una variedad de acciones (…) para retrasar y eludir sus obligaciones«, advierte.

«La República de Argentina no ha hecho ningún esfuerzo por satisfacer las condiciones requeridas por la Orden de la Corte del 21 de noviembre», sostiene. Argentina ha demostrado «una aparente intención de aprovechar la práctica de la transición de las administraciones para eludir sus obligaciones ante la sentencia definitiva, y no consta ningún intento de pago», subraya.

Nefasta situación económica

El país ha tratado recientemente, en escritos al Juzgado estadounidense, de que la magistrada atendiera a la situación de la economía argentina y ampliara los plazos acordados para el cumplimiento de la sentencia.

También ha incidido en que la premura en la decisión del cumplimiento de la sentencia «es innecesaria», ya que los demandantes todavía no han identificado los bienes sujetos a embargo.

La expresidenta Fernández de Kirchner y el exministro de Economía, Axel Kicillof. Alejandro Amdán I EFE
La expresidenta Fernández de Kirchner y el exministro de Economía, Axel Kicillof. Alejandro Amdán I EFE

De acuerdo a la nueva sentencia de la Juez de Nueva York, de hoy, 11 de enero, Argentina ha puesto en comunicación del Juzgado «la nefasta situación económica, incluida una pobreza generalizada, la renegociación de facilidades de endeudamiento con el FMI, la imposibilidad de acceder a mercados de capitales y una inflación que ahora se acerca al 200%«.

«Si bien la Corte simpatiza con la magnitud de la crisis de la República y sus desafíos financieros», dice la sentencia de hoy jueves, «la propia admisión de la República de carecer del acceso a los fondos desmiente su argumento».

Es decir, continua, «el argumento de la República demuestra que no ha tomado y supuestamente no puede tomar, pasos hacia el pago y que no tiene un calendario previsto para hacerlo».

Esto supone, señala la Juez, que un cambio en los periodos de pago dictados no modificaría «las circunstancias», y también que el periodo de tiempo «ya ha transcurrido».

De Madrid a Buenos Aires

Las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, de la familia argentina de banqueros Eskenazi, que tenían el 25% de YPF en el momento de la expropiación, se declararon en concurso de acreedores en Madrid en 2012, al no poder afrontar el pago de los préstamos que habían recibido para adquirir sus acciones en la petrolera.

La administración concursal de las sociedades acordó con el fondo Burford Capital la financiación de un litigio consistente en requerir a Argentina una indemnización millonaria por la expropiación, ya que los mismos estatutos de la petrolera YPF contemplaban el lanzamiento de una oferta por el 100% del capital en el caso de expropiación.

Al cotizar en Estados Unidos YPF, el fondo y la administración concursal de las sociedades de los Eskenazi pudieron demandar a Argentina en los Juzgados de Nueva York. Tras más de una década de litigios, el pasado mes de septiembre la Juez Loretto Preska condenó al país al pago de los 16.100 millones de dólares.

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