Se aviva la guerra entre McDonald’s y sus franquiciados: preparan una nueva querella por estafa

La larga guerra entre McDonald’s España y sus franquiciados se aviva y toma un nuevo rumbo. Una veintena de franquiciados de la multinacional están preparando una demanda por presunta estafa contra McDonald’s por supuestos pagos duplicados, según informan fuentes conocedoras a este medio. La querella abarcará a ejecutivos españoles e incluso podría tomar una dimensión internacional y llegar a Estados Unidos.

La raíz del conflicto recae en la prestación de los servicios de publicidad, márquetin y promoción. Aparte del canon único que paga todo franquiciado a su franquiciante, que varía dependiendo de la ubicación del restaurante; los franquiciados de McDonald’s tienen un coste extra que dedican a la publicidad y promoción y que representa un 4% más de sus ventas brutas.

Este importe se paga a Coop, una asociación de franquiciados de McDonald’s que proporciona los elementos necesarios para impulsar ofertas y promociones. Sin embargo, los propietarios de los establecimientos afectados consideran que debería de ser la propia multinacional quien suministre estos servicios, porque defienden que se incluyen en el llamado ‘Sistema McDonald’s’, el método de explotación de los restaurantes del grupo.

Nuevas sentencias dan alas a los franquiciados

Coop, McDonald’s y sus franquiciados son asiduos en los tribunales españoles, con casos en Madrid, la Comunidad Valenciana o en Cataluña, y tras una década de pleitos cruzados entera las partes, los franquiciados, representando por Cremades y Calvo Sotello, consideran que recientes sentencias judiciales en la Audiencia Provincial de Castellón y en la de Madrid les dan alas para unificar los casos. Los fallos mencionados constatan que McDonald’s “no proporciona ni sus productos ni los elementos de marketing y promoción, a pesar de lo establecido en el contrato de franquicia y la información precontractual proporcionada por la multinacional”, según estas fuentes.

Para los franquiciados y su defensa, disponer de los elementos publicitarios básicos de la marca es parte del contenido “esencial” prometido en el contrato de franquicia con McDonald’s. Según argumentan citando la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 28 de enero de 1996, la diferencia clave entre un contrato de suministro o distribución de mercancías cualquiera y otro de franquicia radica en la transferencia del know-how del franquiciante al franquiciado y del diseño y la financiación de las campañas publicitarias y de promoción de la marca por parte del franquiciante.

Siempre según fuentes cercanas a los franquiciados, McDonald’s asegura ser el proveedor exclusivo de elementos publicitarios y el creador exclusivo de programas promocionales en sus documentos contractuales y precontractuales. Sin embargo, en realidad quien presta esos servicios a los empresarios es Coop, a cambio de un pago extra.

“La Audiencia Provincial de Castellón determina que McDonald’s no está obligado a financiar la publicidad de la marca, sino que esta responsabilidad recae en los franquiciados a través de la entidad denominada Coop. Este hallazgo revela que, a pesar de la denominación del contrato como franquicia, en realidad encierra un contrato de servicios de alcance considerablemente limitado”, argumentan.

El mismo dictamen judicial asegura que la pertenencia a Coop no es obligatoria, pero franquiciados que han tratado de presidir de los servicios de la cooperativa tuvieron problemas para acceder a la cartelería donde se anuncian las ofertas, así como a otras promociones como los juguetes incluidos en el menú infantil, algo que perjudica a su negocio, siempre según explican estas fuentes.

De manera similar, otra sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Madrid, establece que “la asociación de licenciatarios del sistema McDonald’s es la entidad responsable de desarrollar y ejecutar las campañas de marketing y publicidad de McDonald’s en España, y que estas pueden o no coincidir con el plan de marketing de la propia Corporación McDonald’s”.

Por todo esto, los franquiciados aseguran que la multinacional del fast food incurre en dolo, una práctica que se da cuando, a través de “palabras o artimañas insidiosas” por parte de uno de los contratantes, se induce al otro a celebrar un contrato que de otra manera no habría suscrito. “Es evidente que los empresarios en cuestión no habrían formalizado el contrato de franquicia si hubieran tenido conocimiento de que McDonald’s no asume la obligación de proporcionarles los productos ni de suministrarles los elementos publicitarios y de marketing”.

Con estos argumentos en mano, los franquiciados y su defensa sostienen que McDonald’s incurre en un presunto delito de estafa. De probarse estas acusaciones, McDonald’s se enfrentaría a multas substanciales, acuerdos de resolución que contemplen “medidas correctivas y la supervisión continua de las actividades de la empresa”, e incluso a penas de prisión.

La logística y Havi

McDonald’s tiene varios casos abiertos con sus franquiciados en España y uno de ellos podría llegar en breve al Tribunal Supremo. La defensa del franquiciado afectado por la mencionada sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, condenado a pagar hasta 4 millones de euros a McDonald’s por incumplimiento de contrato, está preparando un recurso al Alto Tribunal, que podría servir para unificar varios pleitos en España llegadas las circunstancias. En este caso, el conflicto central hace referencia a un coste logístico ‘extra’ pagado a la compañía Havi.

Pese a que el juzgado falló a favor de la multinacional, los franquiciados han visto un hilo del que tirar dado que el documento admite que “un sujeto no otorgante del contrato (el franquiciado) debe hacer frente a las prestaciones económicas derivadas de un contrato que tiene como partes otorgantes a McDonald’s y a Havi, un contrato que McDonald’s otorga y cuyos efectos se trasladan a un tercero”. Según estas fuentes, los franquiciados nunca han accedido estas obligaciones. El problema recae en que el contrato que une a McDonald’s con la logística es verbal, lo que supone un vacío legal que no deja claro quién debe cubrir dichas facturas.