Segundo match ball para Murtra y la Sepi ante las sospechas de concertación de accionistas en Telefónica

La jugada del Gobierno en Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) para poner a Marc Murtra al frente ha levantado sospechas de concertación de accionistas. El nuevo presidente de la teleco ya se sometió a una investigación similar y salió airoso tras la purga de consejeros en Indra en el año 2022.

El modus operandi empleado para acelerar los cambios en Telefónica ha provocado una petición del Instituto de Consejeros Administradores (IC-A) a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que investigue lo sucedido.

La institución insta al regulador a analizar si el cese de José María Álvarez-Pallete y el nombramiento de Marc Murtra como presidente fue consecuencia de la acción conjunta de la Sepi, Criteria, el brazo inversor de La Caixa, y la saudí STC, actuales máximos accionistas de Telefónica.

Se trata de una declaración institucional basada en las informaciones publicadas en torno a la operación que se ejecutó el pasado 18 de enero. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, declaró en una entrevista al Financial Times, que los cambios forman parte de una «estrategia común» de los principales accionistas de Telefónica, que suman casi el 30% del capital de la compañía.

“Criteria, STC, el gobierno y otros con los que hemos hablado tienen una clara visión y estrategia a medio y largo plazo para apoyar a Telefónica”, señaló el ministro. “Esa es una línea común”, añadió.

Asimismo, declaró que “los principales interesados decidieron que era hora de entrar en una nueva fase en términos de la estrategia industrial de la empresa y es por eso que decidimos buscar un nuevo presidente”.

La concertación implica lanzar una opa por el 100% de Telefónica

Tras dichos acontecimientos, el IC-A pide al regulador que analice si se ha cometido concertación de accionistas, que no es otra cosa que un «acuerdo entre dos o más accionistas de una sociedad con el objetivo de ejercer una influencia apreciable sobre la misma», según la definición de la propia CNMV.

Las consecuencias en caso de que se determinase que ha ocurrido esta infracción implicarían el lanzamiento obligatorio de una oferta por el 100% del capital al resto de accionistas.

«El IC-A considera que la CNMV debe analizar si el cese del presidente ejecutivo de Telefónica, como consecuencia de la acción conjunta de los tres accionistas de referencia de la sociedad y del nombramiento inmediato de su sustituto, también promovido por los mismos accionistas, es una acción que supone una acción concertada dirigida a obtener el control de la sociedad, lo que conllevaría la obligación de realizar una oferta pública de adquisición por el 100% de las acciones de la sociedad», señala la entidad en un comunicado.

Es por ello que ha pedido al Gobierno de España que, como accionista de empresas cotizadas, «sea un ejemplo a seguir para otras empresas y la sociedad civil».

«Esto implica garantizar que los administradores nombrados cuenten con las capacidades y la profesionalidad necesarias, en lugar de nombrar como administradores a personas simplemente por afinidad política«, subraya.

Murtra salió airoso de la purga de consejeros en Indra

Fuentes de la CNMV explican que permanecen atentos a «todo lo que ocurre en el mercado» y actuarán en caso de que así tengan que hacerlo y de que esté dentro de sus competencias. Desde Telefónica han declinado hacer comentarios.

En caso de que el regulador que dirige Rodrigo Buenaventura abra una investigación a la compañía, sería la segunda vez que Murtra se tenga que enfrentar a dicho análisis por sospechas sobre concertación de accionistas.

La CNMV ya investigó al dirigente en el año 2022 tras su llegada a la presidencia de Indra. La solicitud en ese caso también fue del IC-A y el regulador llevó a cabo una investigación a raíz de la junta general de accionistas en la que la cotizada cesó a cuatro miembros del consejo y no renovó a un quinto, desembocando en la dimisión de la consejera Silvia Aranzo por discrepancias con la situación.

Después, Indra, cuyo máximo accionista es el Estado con un 28% del capital, renovó casi la mitad del consejo de administración. La investigación sobre la posible confabulación de la Sepi y de los accionistas Amber Capital y SAPA finalizó eximiendo de responsabilidad a la tecnológica de cualquier indicio de concertación entre sus accionistas principales.

No obstante, sí que quedó probado que los accionistas mencionados «cooperaron para llevar a cabo los ceses con una participación activa del presidente de Indra, con quien varios de los consejeros cesados mantenían desde su nombramiento discrepancias persistentes en materia de gobernanza».